Se trata de la causa iniciada por Elisa Carrió. El magistrado, además, pidió la protección de testigos.
El juez federal Sebastián Casanello derivó la denuncia que realizó el martes la diputada Elisa Carrió sobre un supuesto desmantelamiento de una bóveda de Lázaro Báez y ocultación de prueba, a la justicia de Santa Cruz, aunque ordenó la protección de testigos.
Casanello está a cargo de la investigación por supuesto lavado de dinero en la que están imputados entre otros el empresario Báez, pero consideró que la denuncia de Carrió no guardaría relación con la causa que está en su juzgado, y que sería de competencia de la justicia de Río Gallegos, informaron fuentes judiciales.
Las mismas fuentes explicaron que la denuncia de Carrió será investigada por el juzgado federal de Río Gallegos donde el viernes asume como jueza subrogante Andrea Askenazi Vera, quien aceptó el cargo tras haber salido designada de la lista de conjueces que se sorteó en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
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Askenazi Vera, de bajo perfil, reemplazará así a la hasta ahora jueza subrogante, Ana Alvarez.
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Esa presentación fue realizada ante el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien pidió al juez que ordenara la protección de testigos, entre ellos el técnico Sergio Triviño quien habría desarmado la bóveda y tomado fotos del operativo de desmantelamiento.
También se ordenó la protección de un matrimonio que habría convencido a Triviño que tomara las fotos como un "seguro de vida".
Ahora Casanello derivó la denuncia de Carrió a la justicia de Santa Cruz, en razón de la competencia y porque los hechos serían ajenos a la causa que está en su juzgado, indicaron las fuentes.
Además de Báez, están imputados en la causa por lavado de dinero que tiene a su cargo el juez Casanello, el hijo de Lázaro, Martín, el marido de Iliana Calabró, Fabián Rossi; el financista Federico Elaskar, el supuesto valijero Leonardo Fariña y el contador Daniel Perez Gadín.
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