El constitucionalista Eduardo Barcesat explicó a minutouno.com que al disponerse días inhábiles los plazos procesales se acortan. “El fallo podría ser de un momento a otro”, afirmó.
El juez Horacio Alfonso
Eduardo Barcesat
La Corte Suprema de Justicia definirá este martes si acepta el pedido de per saltum del gobierno nacional contra el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que resguarda al Grupo Clarín de cumplir con el artículo 161, más conocido como de desinversión, de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, sea cual fuere la resolución del máximo tribunal, el debate central por la plena aplicación de la ley de Medios de la democracia sigue en el despacho del juez de primera instancia, Horacio Alfonso, quien tiene a su cargo la responsabilidad de fallar en la cuestión de fondo: el pedido de inconstitucionalidad presentado por el multimedios apenas sancionada la norma en 2009.
Alfonso ya está en condiciones de fallar en la causa. El constitucionalista Eduardo Barcesat explicó a minutouno.com que “desde el momento en que el juez Alfonso realizó el llamamiento de autos para dictar sentencia el plazo dispuesto por el código es de 40 días hábiles, pero como él habilitó horas y días inhábiles esos plazos se acortan y además la Corte dispuso actuar con premura”. La causa ya volvió de la fiscalía, razón por la cual, estimó Barcesat “el fallo podría ser de un momento a otro”, aunque estimó que no sería antes del pronunciamiento de la Corte.
El especialista no descartó tampoco que este martes la Corte reitere su pedido al juez Alfonso para que apure la sentencia de primera instancia, demorada ya más de tres años.
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Hasta el momento ningún juez se pronunció sobre la cuestión de fondo. El debate en las últimas semanas giró en torno a la extensión de la medida cautelar que frenó la aplicación del artículo cuestionado. De hecho, la cautelar fue el único paso concreto que dio la justicia en torno al debate por el artículo de desinversión.
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Beinusz Szmukler, ex miembro del Consejo de la Magistratura recordó que “la Corte ya le dijo al juez de primera instancia y a la Cámara que tiene que actuar de inmediato” y consideró que “la situación es realmente de gravedad institucional” uno de los requisitos indispensables para que la Corte acepte el pedido de per saltum.
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El pasado 27 de noviembre la Corte le ordenó a Alfonso resolver “de inmediato” la cuestión de fondo, es decir la validez constitucional del artículo 161. Y la cautelar prorrogada por la Cámara cuestionada por el gobierno nacional y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) tiene vigencia hasta el dictado de una sentencia.
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