Licencias polémicas: se confirmó que las sanciones serán para los conductores

El documento -promovido por el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, Daniel Amoroso- fue aprobado en generales por 51 votos a favor y 1 en contra.

La diputada Patricia Walsh fue la única que se expidió contra la iniciativa, al aseverar enfáticamente que "es mejor votar en contra que votar una mala ley".

El punto caliente de la discusión entre los legisladores macristas y los opositores, se centró en donde recaerían las sanciones. Ambos sectores acordaron que las multas serán para los conductores, salvo cuando la infracción sea cruzar el semáforo en rojo o manejar a altas velocidades.

En principio, el proyecto analizado desde la tarde de ayer y la madrugada de hoy y votado a favor en general estipula sanciones para quienes están al comando del volante, independientemente de si son o no los propietarios del rodado.

La iniciativa fue debatida con cuatro horas de retraso, después de una reunión entre jefe de bloques y de comisiones, donde se pulieron los últimos detalles técnicos.

Así, cerca de las 18.00 inició la sesión y dos horas más tarde se concretó la votación general, tras finalizar las ponencias de cada uno de los presidentes de los bloques políticos de la Legislatura.

La iniciativa, según se desprende, "no busca sacarle la licencia de conducir a los ciudadanos, sino reducir, de acá a un año y medio, la estadística de accidentes".

Para concretar esa meta, el nuevo sistema otorga un total de 20 puntos a todos los conductores desde la entrada en vigencia de la ley y prevé que ante cada falta que sea constatada por las autoridades, se quite una determinada cantidad de puntos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La falta más grave será "participar, organizar o disputar picadas" callejeras, por lo cual se descontarán, de una sola vez, los 20 puntos otorgados inicialmente.

Esa circunstancia implicará la quita de la licencia de conducir durante 60 días y la obligatoriedad de realizar un curso de educación vial, tras lo cual el conductor podrá volver a tener los 20 puntos.

En caso de que se vuelvan a perder los 20 puntos por diversas infracciones, la  inhabilitación para conducir será de seis meses, de acuerdo con lo previsto en el borrador de la norma.

"Con la aprobación de esta ley se busca un cambio en la mentalidad de los conductores", sostuvo Amoroso durante el debate en el recinto.

Y subrayó: Esta no es una ley recaudatoria. Lo que queremos es ponerle límite a la cantidad de accidentes que ocurren en la ciudad y al mismo tiempo empezar a ordenar el caótico tránsito porteño".

A su turno, el diputado Gerardo Ingaramo (PRO) sostuvo que los vecinos de la ciudad "estarán más seguros con la implementación de este norma, ya que la finalidad es sencillamente salvar vidas".

En el mismo sentido se expresó el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Sergio Abrealla, al afirmar que "la única finalidad de este proyecto es que a partir de la infracción se pueda dejar de provocar las pérdidas de vida".

"Vamos a evaluar su conducta y cuando ella se contraiga con el código el conductor podrá, como pena máxima, hasta dejar de concudir en la ciudad. Esperemos que aquel infractor se de cuenta de la importancia de esto y deje de cometer faltas. Este es el principio de un cambio cultural", sentenció Abrealla.

A la hora de emitir su opinión, Gerardo Ramagnolli, de la izquierda, fue contundente: "Las faltas persisten y no cesan porque no hay sanciones fuertes para quienes la cometen. Y esta ley proclama erradicar con ellas".

Sin desacuerdo con la necesidad de instalar en la Capital Federal un sistema que prime la rigurosidad en el control de los conductores de vehículo y su posterior sanción, los legisladores tratarán en segundo orden punto por punto los artículos que prevé el proyecto.

Además del documento debatido, el bloque socialista presentó otro texto para que la legislatura porteña eleve un pedido a su par bonaerense a fin de que se ponga en marcha en la provincia una medida similar y lograr así la efectividad de la norma en todo el territorio de Buenos Aires.

A partir de ahora, con la sanción de la norma, el Ejecutivo capitalino deberá promulgarla, para luego dar inicio a una campaña de concientización y difusión de la ley por un lapso de 180 días.

Finalizada esa etapa, prevista para principios de agosto, la ley finalmente entrará en vigencia y se pondrá en funcionamiento efectivo.