Encendido debate en la Legislatura porteña por los linchamientos
Hubo un fuerte cruce entre el macrista Cristian Ritondo y la kirchnerista Gabriela Alegre. Se logró aprobar, en sesión ordinaria, una declaración que expresa "profunda preocupación por los hechos de violencia acontecidos en los últimos días".
Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, sostuvo que sería "peligroso que esta Legislatura sea incapaz de manifestar un repudio" y precisó que "acá hay ciudadanos argentinos que están matando o golpeando a otros argentinos y eso es lo que hay que repudiar".
Además, Ritondo citó al secretario de Seguridad nacional para defender su postura: "Como dijo Sergio Berni, esto es una respuesta al hartazgo, porque la gente se siente indefensa".
Ante esos dichos, Alegre intervino y manifestó que Ritondo "no tiene por qué poner palabras de Berni en su boca para chicanearnos a nosotros".
Los legisladores pasaron luego a un cuarto intermedio en la sesión para acordar un texto en el cual el Parlamento declaró su "profunda preocupación por los hechos de violencia acontecidos en los últimos días en diversas localidades del país y de la Ciudad de Buenos Aires y rechaza la denominada justicia por mano propia".
Para Pokoik, la iniciativa buscó "repudiar categóricamente todos los actos de violencia ocurridos, reafirmar que el Estado es el único que puede ejercer el uso legítimo de la fuerza en el sistema democrático y republicano y hacer un llamamiento tanto a la dirigencia política como a los comunicadores sociales a asumir de manera inequívoca la defensa de los valores y las instituciones del sistema democrático".
"Consideramos inaceptable la llamada justicia por mano propia y llamamos a la sociedad en su conjunto a la reflexión para evitar que estos hechos ilegales y aberrantes se multipliquen", dijo Ibarra.
"Frente a esta situación, la Legislatura debe dejar sentado enérgicamente que estos actos de violencia y agresión constituyen graves violaciones del derecho a la vida e integridad personal y denotan la debilidad del estado de derecho y de las garantías consagradas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional", consideró Pablo Bergel, de UNEN.
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