Los cinco dictámenes del Senado
Además del proyecto oficialista sobre retenciones móviles que cuenta con media sanción de Diputados, cuatro iniciativas opositoras cuentan con dictámenes de comisión y llegarán también al recinto en la sesión del miércoles próximo.
El texto oficial ratifica la polémica Resolución 125, instaurada el 11 de marzo pasado, y establece un sistema de reintegros para los pequeños y medianos productores.
Además, en el artículo segundo se faculta al Poder Ejecutivo a establecer futuros cambios en las alícuotas, lo que es fuertemente criticado por la oposición, al considerarlo "inconstitucional".
Será el primero que se debatirá en la sesión: en caso de ser rechazado -por mayoría simple-, se podrán analizar los presentados por la oposición.
Pese a algunos intentos que hubo en los primeros tramos del debate, quienes se oponen al texto aprobado por los diputados -pertenecientes a diferentes bancadas- no lograron consenso para unificar su posición, y presentaron cuatro proyectos propios distintos.
También este lunes se presentaron dos nuevos proyectos, uno de autoría del ex presidente Carlos Menem y otro de la arista fueguina María Rosa Díaz, aunque no pueden tratarse en el recinto por carecer dictámenes de comisión.
De los textos de la oposición, el que más firmas logró en las dos comisiones que las trató -Agricultura y Presupuesto y Hacienda- fue la que presentaron senadores del radicalismo, Coalición Cívica, peronistas disidentes y partidos provinciales.
Esa iniciativa plantea un derecho de exportación fijo del 20 por ciento para quienes comercialicen por año hasta 600 toneladas de soja, mientras que para los que vendan de 601 a 1.500 la alícuota será del 23.
De 1.500 a 3.000 toneladas se tributará el 26 por ciento; entre 3.001 a 4.500 toneladas el 30; y de 4.501 toneladas en adelante el 35.
En el caso del girasol, la iniciativa propone un derecho de exportación fijo para las primeras 800 toneladas del 20 por ciento; de 801 a 1.500 toneladas el 23; de 1.501 a 3.000 toneladas el 26; y de 3.001 toneladas en adelante el 30.
Para el maíz se fija una alícuota del 15 por ciento hasta 1.200 toneladas anuales; del 18 para producciones de entre 1.201 y 2.000 toneladas; del 21 si se sitúa entre 2.001 a 4000; y del 25 para los que comercialicen más de 4.001 toneladas.
En el caso del trigo, el proyecto establece un derecho del 15 por ciento si la cosecha es menor a 900 toneladas; del 18 si se ubica entre 901 y 1800 toneladas; del 21 para el rango de 1.801 a 3.600 toneladas; y del 25 para más de 3.601 toneladas.
Además, se cobrarán retenciones fijas del 32 por ciento para los derivados de la soja y del 27 para los subproductos del girasol.
Por su parte, el radical K Pablo Verani presentó un proyecto que establece una escala de segmentación en varios niveles contemplando diferencias entre los productores de soja, girasol y maíz.
Se define como pequeño o mediano productor al que produce hasta dos mil toneladas de soja por cosecha, hasta cuatro mil de maíz, dos mil de trigo, y hasta 1.500 de girasol.
Para los productores más grandes se establece una alícuota diferencial máxima del 55 por ciento, cuando en el proyecto del Poder Ejecutivo se llega al 95.
"Así se respeta el principio de no confiscatoriedad", subrayó Verani en su presentación.
Además hay una iniciativa de Carlos Reutemann, que fija un derecho de exportación del 22 por ciento para el trigo y el maíz, en tanto el girasol abonará el 30.
Para la soja, se establece un arancel variable, que parte del 23,5 por ciento cuando el precio de la soja no supera los 202 dólares, y que llega a un máximo del 40 por ciento cuando la soja cotiza a 800 dólares.
Además, Reutemann propone derogar el artículo del Código Aduanero que faculta al Poder Ejecutivo fijar los derechos de exportación, por lo que esa atribución quedarían en manos del Congreso.
Finalmente, el renovador salteño Juan Pérez Alsina presentó un proyecto propio que deroga la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de derechos de exportación, y se establece un sistema de retenciones de acuerdo a una zonificación del país, que divide en cinco regiones.
El texto establece que las alícuotas no podrán superar en ningún caso las vigentes al 1 de enero pasado, que tenían un máximo del 35 por ciento.





Dejá tu comentario