Revés para Macri: La Justicia pidió seguir investigando el Correo

Política

En 2016 el gobierno de Macri aprobó un acuerdo que prácticamente condonaba una multimillonaria deuda que Correo Argentino S.A., empresa de la familia del Presidente mantenía con el Estado.

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri pretendió cerrar un escandaloso acuerdo para cerrar la disputa entre Correo Argentina S.A. empresa de la familia Macri y el Estado. Con la anuencia del propio Macri el Estado prácticamente condonaba la multimillonaria deuda que la empresa familiar del Presidente mantenía con el Estado nacional.

Ahora la justicia le acaba de asestar un duro revés al ex mandatario y sus por entonces funcionarios involucrados en la negociación.

La Justicia declaró la nulidad de la escandalosa decisión del Poder Ejecutivo que en 2016 cerró el sumario administrativo por la quiebra del Correo Argentino.

Según informó el sitio Palabras del derecho, la demanda buscaba lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y todos aquellos que pudieran tener responsabilidad administrativa, que en junio de 2016 aceptaron la oferta efectuada por la firma Correo Argentino S.A. por una deuda que la empresa mantenía con el Estado Nacional.

Originalmente, la causa fue iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del Fiscal Sergio Rodríguez, requiriendo la nulidad el Decreto 907/2018 que, con firma de la entonces vicepresidenta en el ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti, y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frias, declaró clausurado el sumario administrativo, que había abierto su antecesor Carlos Balbín. En esa decisión, la vicepresidenta declaró la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno en relación a los hechos de la causa judicial de la quiebra del Correo Argentino.

Para el magistrado, durante la investigación del sumario administrativo contra los funcionarios investigados -Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottard- no se le permitió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas la posibilidad de ofrecer y producir prueba, lo que configura "un abusivo comportamiento por parte de la Administración".

Por esos motivos, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, Pablo Cayssials, consideró que la violación al derecho de defensa que implicó dicho cercenamiento, implicó una afectación al "debido proceso adjetivo" que no puede remediarse en el ámbito judicial, motivo por el cual el magistrado se inclinó por declarar la nulidad del acto administrativo que cerró el sumario.

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