Fake news: La Nación reincide en su pelea con los datos contra el Grupo Indalo

Política

Supuesto reclamo de AFIP a Cristóbal López omite que fondos líquidos para el pago de impuestos personales está embargado y solo requeriría autorización judicial para liberarlos. Inexistencia de "nuevas deudas", desconocimiento de los procesos en curso e interpretación sesgada para el intento de reeditar embestida.

Información interna de la AFIP, interpretación sesgada de los números, ausencia de precisiones sobre los procesos y omisión maliciosa de datos que derribarían la hipótesis que se plantea. El combo idéntico al desplegado en marzo de 2016 que permitió la construcción de la causa Oil Combustibles –y que está siendo desbaratado en el juicio oral con prueba testimonial y documental como auditorías del organismo recaudador y un peritaje de la Corte Suprema- fue reeditado por el diario La Nación, el pasado lunes, respecto a las ejecuciones fiscales que la AFIP habría entablado contra Cristóbal López, accionista del Grupo Indalo.

A lo largo de la nota firmada por Hugo Alconada Mon se plantea que el empresario patagónico acumula “nuevas deudas” a raíz de “impuestos impagos” con la omisión explícita de que todos esos reclamos –según está acreditado en la justicia- contrastan con el embargo total de sus cuentas bancarias, lo que deja inmovilizados fondos líquidos, sino también con la inhibición general de bienes que pesa sobre él debido al proceso judicial que formó parte de la embestida contra la petrolera hasta su quiebra y liquidación. Y que principalmente responde a pedidos de medidas cautelares que solicitó la propia AFIP a lo largo del proceso, hoy bajo investigación por haber estado atravesado por irregularidades.

De manera similar a lo acontecido en marzo de 2016 (y de lo que luego se desdijo en su declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal N°3), Alconada Mon reincide en la búsqueda de construir “enemigos públicos” al postular que López “responsabiliza al propio Estado” por supuestas deudas acumuladas. La serie de ejecuciones que se detallan y que incluso permitirían al BCRA avanzar sobre otro tipo de cuentas, valores y fondos depositados en alguna entidad contrastan contra la realidad que obra en la misma justicia: todos esos elementos se encuentran regularizados, algo que es reconocido por la propia AFIP que impulsó las medidas cautelares. De hecho, eso explica lo que maliciosamente se intenta presentar como una negligencia de AFIP al no continuar adelante con los reclamos en los expedientes judiciales.

Los embargos que pesan sobre López, sus hijos y sus empresas (quienes podrían sobradamente liquidar lo que se reclama por Impuestos Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias y Aporte Solidario a las Grandes Fortunas) fueron dispuestos en su momento por el juez Julián Ercolini y mantienen vigencia bajo la órbita –hasta que concluya el juicio- del Tribunal Oral Federal N°3. De hecho, comenzaron en diciembre de 2017, de forma coincidente a la primera prisión preventiva que se les dictó –a López y a su socio Fabián De Sousa- por un hecho que terminó en sobreseimiento al declararse inexistente el delito, por parte de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Se sumó a la inhibición general de bienes, lo que impide vender activos para hacerse de liquidez que esté por fuera de los embargos ya dictados.

El artículo omite nuevamente que la autorización judicial para levantar el embargo para cancelar las deudas reclamadas por AFIP es el procedimiento regular y normado en este tipo de casos, pero esto impediría postular que se suman “nuevas deudas”, como si algunos de los períodos reclamados no hubiesen sido exteriorizados de forma oportuna. Casi como confundir “sujeto obligado” con “agente de retención”, como ocurrió en el pasado.

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