La Fiscalía busca pruebas en el celular de Julio "Chocolate" Rigau y la oposición exige reabrir la causa

"La gravedad de los hechos demandan de todos los actores políticos actitudes que conlleven al esclarecimiento de la verdad", sostiene una carta dirigida a Abad.

"La situación, agravada por la decisión judicial de un tribunal de cerrar la causa torna impostergable que el radicalismo bonaerense se pronuncie claramente al respecto y solicite a las autoridades de la Cámara, las que curiosamente hasta el momento no se han presentado ante la justicia, tome todas las medidas pertinentes al efecto de coadyuvar al esclarecimiento de un hecho que pone de manifiesto un caso de corrupción política que el radicalismo siempre ha combatido", agrega la misiva que fue firmada por, entre otros Federico Storani, Julio César Alfonsín, Juan Carlos Zambarbieri, Carlos Arturo Armendáriz, Ricardo Héctor.

"Señor Presidente, dar curso a lo solicitado no solo estará contribuyendo a que se haga justicia, sino que estará honrando la memoria de quienes nos precedieron como Yrigoyen, Balbín, Larralde, Lebensohn, Pugliese, Alfonsín y tantos otros", concluyó la carta.

Por otro lado, la Fiscalía indaga en el celular de Rigau, quien no logró recuperar el teléfono que le incautaron y que ahora podrá ser peritado por los investigadores. Allí esperan encontrar información que revele la trama de las tarjetas y los cobros millonarios.

Al mismo tiempo, los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, María Eugenia Talarico y Javier Iguacel denunciaron a los dos camaristas de La Plata que anularon la investigación.

La denuncia penal es contra los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes anularon la investigación al considerar que los policías que detuvieron a Rigau lo hicieron sin previa autorización judicial.

Según los denunciantes, los hechos "permiten sin lugar a dudas poner un manto de sombra sobre las contrataciones de los empleados legislativos".

"Creemos que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de protección, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado", señalaron en la denuncia.

Incluso, remarcaron que el abogado del puntero, Alfredo Gascón Cotti, es a su vez asesor en la Legislatura, lo que suma más dudas sobre el uso de fondos públicos.

Los hechos justifican -según dijeron- "investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de delitos".

La causa está anulada mientras se espera la apelación del fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, para lo cual tiene un plazo de 20 días para recurrir a la Cámara de Casación Bonaerense pidiendo que se siga activa la investigación contra Rigau, quien a raíz del fallo de la Cámara recuperó su libertad.