Paseo del Bajo: confirmaron los sobreseimientos de Larreta y Dietrich

El fallo de la Cámara determinó “la inexistencia de una maniobra tendiente a favorecer a una de las contratistas, causándole un perjuicio patrimonial al erario público”, en referencia a Iecsa, que era de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

En febrero del año pasado la fiscal María Alejandra Mángano y el titular de la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas) Sergio Rodriguez apelaron a la Cámara Federal y pidieron revocar los sobreseimientos.

Los acusados habían sido imputados de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la adjudicación de uno de los tramos de la obra adjudicada a la firma Iecsa.

En la causa se investiga el proceso de adjudicación del Paseo del Bajo, en la que se habría beneficiado a Iecsa, la constructora que era de Angelo Calcaterra, que luego pasó a manos de Marcelo Mindlin.

Para los fiscales, los sobreseimientos dictados por el juez Claudio Bonadio fueron prematuros, al considerar “que la investigación no había alcanzado la certeza necesaria para afirmar que en ningún tramo de la maniobra en cuestión se hubiera cometido delito alguno.

Por el contrario, sostuvieron que el análisis de la documentación secuestrada reveló la existencia de indicadores de direccionamiento de las licitaciones y permitieron abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa.

Antes de fallecer, Bonadio sostuvo que no hubo delitos y dictó los sobreseimientos sin siquiera llamar a indagatoria a los imputados, entre ellos al ex ministro de Transporte Dietrich y al jefe de gobierno porteño.

Los que fueron beneficiados con un sobreseimiento son el ex ministro de Transporte Dietrich, el jefe de gobierno porteño Rodriguez Larreta , Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano porteño y también funcionarios de Autopistas Urbanas, la organizadora de la licitación.

La denuncia es de fines de 2018 y en su momento fue activada por la PIA contra los gobiernos de Mauricio Macri y de Larreta por la supuesta manipulación de la licitación.

El juez Bonadio había librado en una de sus últimas medidas una orden de presentación a AUSA para conocer detalles de las ofertas de otras empresas que participaban para la adjudicación de las obras. También tomó varias declaraciones testimoniales, antes de determinar que no hubo delito.

Según la investigación impulsada por la fiscal Mangano, y la PIA, IECSA, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra por el que se presupuestaron más de 4 mil millones de pesos.

El titular de la PIA basó su denuncia en un informe de la Auditoría General porteña, que advirtió supuestas "anomalías" y presuntos delitos para la "adjudicación indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional para la Obra del Paseo del Bajo a la empresa Iecsa" en su unión transitoria con la firma Fontana Nicastro SA.

Según la Auditoría la supuesta manipulación del proyecto provocó que Iecsa resultara la adjudicataria del llamado "tramo C" del proyecto, con un presupuesto de $4480 millones, para la construcción de una parte desde la avenida Córdoba hasta llegar a las inmediaciones del edificio de la Casa de Moneda.

El caso: Los hechos denunciados consistirían en la adjudicación indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor al que hubiese correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional en cuestión, en favor de la empresa IECSA.

El presupuesto de esa obra habría sido de $ 8.700.000.000, solventados en un 43% con fondos de la CABA y en un 57% con fondos nacionales, provenientes estos de un préstamo de hasta U$S 400.000.000 otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo modelo fue aprobado mediante decreto PEN 67/2017. Este decreto delegó en el Ministro de Finanzas la suscripción del convenio y designó al Ministerio de Transporte de la Nación como “Organismo Ejecutor”, quien a su vez, mediante la suscripción de un convenio, delegó la ejecución de la obra en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la contratación de las obras fue realizada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA ).

La obra en cuestión contemplaba tres tramos, designados “A”, “B” y “C”. Este último, el más oneroso de los tres, tenía un presupuesto estimado de $ 4.480.000.000.

La maniobra radicaría en haber adjudicado este último tramo a la unión transitoria conformada por IECSA y Fontana Nicastro SA, mediante la alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, beneficiando indebidamente a la UT en cuestión.

Según la fiscalía, la alteración habría consistido en la modificación del orden de apertura de los sobres N° 2 de las propuestas de los oferentes y la supresión de su prelación, comenzando por el tramo más económico, adjudicado a CORSAN – CORVIAM, que de esta forma quedó eliminada de la posibilidad de competir por el Tramo “C”. Ello, toda vez que habría sido conocido que esa empresa había planteado ofertas a la baja para asegurarse un contrato que le permitiera hacer frente a una situación financiera por entonces crítica.

Se señaló también la falta de cualquier respuesta a la observación realizada en el dictamen de la Procuración General de la Ciudad acerca de la capacidad económica de Corsan–Coviam. Esta objeción habría sido obviada pues, de haber prosperado, el adjudicatario del tramo “A” debería haber sido el segundo, es decir, IECSA – Fontana Nicastro. Por el contrario, el mismo día de emitido ese dictamen, AUSA –sin dar respuesta alguna- avanzó con el trámite de adjudicación.

La denuncia cuestionó también otros dos aspectos de la obra: la inclusión de las obras de infraestructura civil del RER y la remoción de un gasoducto.

Respecto a la primera cuestión, se señaló que las Obras de Infraestructura Civil del RER fueron incorporadas a la obra del Paseo del Bajo, a pesar de tratarse de una obra independiente y cuya financiación completa se encontraría a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación.

Según el informe de Auditoría, nada de lo vinculado a esta obra tendría justificación en las actuaciones administrativas. Se trataría de un contrato celebrado por una suma cercana a los $ 600.000.000 que fue incluido en el paquete de licitación que conformó el Tramo “C”, precisamente aquél sobre el que se habrían realizado las maniobras desarrolladas más arriba.

Respecto al gasoducto, se explicó que se trataba de una interferencia prevista en la traza de las obras, por lo cual se llamó a una licitación para la remoción y relocalización del gasoducto. El presupuesto estimado fue de $ 73.000.000.

Metrogas hizo saber la lista de empresas aprobadas para realizar ese tipo de obra, a pesar de lo cual también expresó se le podría proponer el nombre de otra compañía, la cual sería evaluada para prestar conformidad o no a su certificación.

Según se explica en el dictamen, el día 9/11/16, AUSA decidió sorpresivamente que la obra se haría por Sistema de Precios Reembolsables, a cargo del Contratista del Tramo “C”, para lo cual la empresa adjudicataria debía obtener de Metrogas el listado de proveedores certificados.

De forma paralela, el día siguiente la propia AUSA decidió iniciar otro proceso. A pesar de que por el monto correspondía acudir a una licitación pública, decidió convocar a una licitación privada, con el argumento de que los trabajos sólo podían ser realizados por una empresa autorizada por Metrogas. La licitación tramitó mediante legajo de compra 2016-02-0144-00, con un presupuesto estimado, como se dijo, de aproximadamente pesos 73 millones. La mejor oferta, después de un descuento, fue la de Víctor M. Contreras y Cía., que ofertó $350.753.531,80 más IVA. “Es decir, casi cinco veces la previsión oficial”.

En ese contexto, recibidas las opiniones de la Gerencia de Contratos de AUSA y de la Procuración General de la Ciudad en contra de la continuación del proceso de contratación, en razón de que las ofertas eran “inconvenientes a los intereses de AUSA” y que “superan ampliamente el presupuesto oficial de obra”, el 16 de enero de 2017 se declaró fracasada la contratación.

Meses después, en abril de 2017, resucitando la circular del 9 de noviembre de 2016, con el tramo “C” ya adjudicado a IECSA – Fontana Nicastro SA, se pidió al Directorio de AUSA que se aceptara la contratación de José Cartellone Construcciones Civiles SA para la remoción del gasoducto. Ello, a pesar de que la empresa no se encontraba previamente certificada por Metrogas, que su oferta de más de $259.000.000 era ampliamente superior a los $73.000.000 originalmente presupuestados y a que no se había cumplido con la presentación de una terna de presupuestos tal como era exigido por el Sistema de Precios Reembolsables.

Nada de ello impidió la aprobación de la contratación de Cartellone y del pago adicional del 15% exigido por el sistema de Precios Reembolsables, totalizando un monto de 298 millones de pesos.