Ricardo Quintela firmó un DNU para proteger a familias frente al sobreendeudamiento y los abusos crediticios

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1293/2026, el Ejecutivo riojano creó un régimen provincial específico de protección para usuarios de créditos de consumo, con mayores herramientas de control, fiscalización y acompañamiento frente a situaciones de sobreendeudamiento.

La decisión se inscribe en un escenario económico en el que numerosas familias recurren al crédito no para realizar consumos extraordinarios, sino para cubrir alimentos, medicamentos, servicios y otros gastos indispensables. Frente a esta realidad, el Gobierno provincial planteó que una situación de necesidad económica no puede convertirse en una oportunidad para imponer condiciones desproporcionadas o vulnerar derechos.

El DNU establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones en las que el nivel de endeudamiento se haya vuelto insostenible.

Además, declara por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo y dispone medidas transitorias destinadas a facilitar la revisión y refinanciación de obligaciones, con el objetivo de evitar consecuencias económicas y sociales que comprometan de manera irreversible los ingresos familiares.

Desde el Gobierno de La Rioja aclararon que la medida no supone desconocer deudas ni cuestionar la actividad financiera legítima. El objetivo, señalaron, es intervenir frente a situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones que resulten claramente desproporcionadas en relación con la capacidad de pago de las personas.

La decisión apunta especialmente a proteger el salario y los ingresos de los hogares frente a mecanismos crediticios que, en contextos de fuerte deterioro del poder adquisitivo, pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad.

“Cuando una familia se endeuda para sostener necesidades básicas, no puede quedar sola frente a condiciones abusivas. El Estado tiene que estar presente para proteger el salario, cuidar los ingresos familiares y garantizar que ninguna situación de necesidad sea utilizada para someter o perjudicar a las personas”, es el principio político que sostiene la medida adoptada por el Ejecutivo riojano.

Con este DNU, La Rioja busca instalar además una discusión de alcance nacional sobre los efectos sociales del endeudamiento de los hogares y el rol que deben asumir los Estados provinciales frente a prácticas crediticias abusivas, colocando en el centro la protección de los ingresos familiares y el derecho de las personas a acceder a relaciones de consumo justas y transparentes.