El Gobierno recusó a la Cámara y pidió el cambio de fuero

Política

El Estado pidió que la causa por la quita del predio de Palermo a la Sociedad Rural pase al fuero Contencioso Administrativo, luego de que días atrás la Justicia dictara una cautelar frenando la expropiación del lugar.

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El Estado Nacional recusó este miércoles a todos los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal en la causa en la que ese tribunal dictó una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural que frenó el decreto que dispuso la vuelta del predio al Estado. Pidió además el pase de la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que de acuerdo a lo que había anticipado, la Jefatura de Gabinete pidió el apartamiento del pleno de la Cámara y solicitó que el caso pase a manos del fuero Contencioso Administrativo, que es el que se encarga de los casos en que el Estado es parte, y que según los representantes legales de éste, sería el competente.

Ahora la Cámara cuestionada deberá decidir si acepta el pedido del gobierno o rechaza las recusaciones. La cuestión podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.

El viernes pasado, la Sala de feria de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal afirmó que "resulta verosímil sostener que la propietaria del Predio Ferial de Palermo es la Sociedad Rural Argentina", en tanto aseguró que Estado Nacional "carecería, en principio de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de veinte años".

Con esos argumentos, la Cámara habría anticipado su posición prejuzgando sobre la cuestión de fondo, por lo que el Estado habría recusado a los camaristas con esos fundamentos, indicaron las fuentes consultadas.


Los argumentos de la Cámara forman parte de la resolución de 12 carillas al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Sociedad Rural, al suspender los efectos del decreto 2552 "hasta tanto se dicte la sentencia definitiva", sobre el fondo de la cuestión.

"La urgencia  es evidente ante la posibilidad que órganos de la administración despojen  a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública, sin indemnización, sin juicio y sin devolución previa de los pagado ni de lo invertido y sin juicio", dice la resolución firmada por los camaristas Ricardo Guarinoni, Francisco de las Carreras y Graciela Medina.

El caso llegará a la Corte Suprema de Justicia, que otra vez deberá intervenir en uno de los temas sensibles.

El Estado basó el decreto que dispuso la entrega del predio en la  venta que hizo el ex presidente Carlos Menem "a precio vil" en junio de 2010, sobre la que hay una causa judicial en la que el juez  federal Sergio Torres  sostuvo que "estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado Nacional el inmueble del predio ferial de Palermo y en ello han intervenido funcionarios de la administración central, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, contando con la necesaria colaboración de los peritos tasadores".

En esa causa el magistrado procesó por el delito de peculado al ex ministro de economía Domingo Felipe Cavallo y le trabó un embargo de 10 millones de pesos; también al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía y al ex titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Ordoñez, entre otros; en tanto dictó la "falta de mérito" para el ex presidente Carlos Menem.

La venta de esos terrenos de más de 120.000 metros cuadrados se pactó en 30 millones de dólares mientras que peritos de la Corte Suprema de Justicia lo valuaron luego, ante un pedido del juez, en un "piso" mínimo de 131.800.000 pesos-dólares.

Cuando el Gobierno dictó el decreto por el que el predio debe volver a manos del Estado, la Sociedad Rural fue a la justicia y en primera instancia obtuvo un rechazo a un pedido de medida cautelar que ahora fue revertido por la sala de feria de la Cámara.

En el fallo, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal advierte que  "la urgencia es evidente ante la posibilidad de que órganos de la administración despoje a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública sin indemnización, sin juicio y sin devolución previa de lo pagado, ni de lo invertido y sin juicio".

A pesar de tratarse de una medida cautelar, los  magistrados parecen ya haber manifestado su posición sobre el fondo de la cuestión.

En el caso penal de la justicia federal, el juez Torres procesó a Cavallo y Zavalía, además a Juan Alberto Ravagnan, ex secretario de la SRA; Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, y Juan Manuel Insúa, ex funcionarios del Banco de la Ciudad; Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, y Daniel Ivakhoff, ex funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional; Matías Lucas Ordóñez, ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales; y Gastón Ramón Figueroa Alcorta, ex director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales.

El delito en cuestión es "peculado" previsto y reprimido en el artículo 261 del Código Penal que castiga con "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sutrajere caudales o efectos cuya administración percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".

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