La SRA es dueña del predio de Palermo y el Estado "carecería" de legitimación para recuperarlo

Política

Así lo determinó el tribunal en feria en el fallo en el que suspendió el decreto que dispuso que el predio debe volver a la órbita pública. Los jueces hablan de "despojo" en una resolución que parece marcar posición sobre la cuestión de fondo.

La Sala de feria de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal afirmó que "resulta verosímil sostener que la propietaria del Predio Ferial de Palermo es la Sociedad Rural Argentina", en tanto aseguró que Estado Nacional "carecería de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de veinte años".

Los argumentos forman parte de la resolución de 12 carillas que dio a conocer este lunes la Cámara, al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Sociedad Rural , al suspender los efectos del decreto 2.552 "hasta tanto se dicte la sentencia definitiva", sobre el fondo de la cuestión.

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"La urgencia es evidente ante la posibilidad que órganos de la administración despojen a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública, sin indemnización, sin juicio y sin devolución previa de los pagado ni de lo invertido y sin juicio", dice la resolución firmada por los camaristas Ricardo Guarinoni, Francisco de las Carreras y Graciela Medina.

El fallo que suspendió el decreto por el que el predio debe volver a manos del Estado fue firmado el viernes a últimas horas de la noche, pero los fundamentos fueron difundidos este lunes.

Según lo anunció el gobierno, la resolución será inmediatamente apelada y además se solicitará el cambio de fuero, ya que se trataría de un tema del ámbito contencioso administrativo y no civil y comercial. El caso llegará a la Corte Suprema de Justicia, que otra vez deberá intervenir en uno de los temas sensibles.

En relación a la venta que hizo el ex presidente Carlos Menem "a precio vil" en junio de 2010, hay una causa judicial en la que el juez federal Sergio Torres sostuvo que "estamos ante un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado Nacional el inmueble del predio ferial de Palermo y en ello han intervenido funcionarios de la administración central, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, contando con la necesaria colaboración de los peritos tasadores".

En esa causa el magistrado procesó por el delito de peculado al ex ministro de economía Domingo Felipe Cavallo y le trabó un embargo de 10 millones de pesos; también al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía y al ex titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Ordóñez, entre otros; en tanto dictó la "falta de mérito" para el ex presidente Carlos Menem.

La venta de esos terrenos de más de 120.000 metros cuadrados se pactó en 30 millones de dólares, mientras que peritos de la Corte Suprema de Justicia lo valuaron luego, ante un pedido del juez, en un "piso" mínimo de 131.800.000 pesos-dólares.

Cuando el gobierno dictó el decreto por el que el predio debe volver a manos del Estado, la Sociedad Rural fue a la justicia y en primera instancia obtuvo un rechazo a un pedido de medida cautelar que ahora fue revertido por la sala de feria de la Cámara.

En el fallo, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal advierte que "la urgencia es evidente ante la posibilidad de que órganos de la administración despoje a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública sin indemnización, sin juicio y sin devolución previa de lo pagado, ni de lo invertido y sin juicio".

A pesar de tratarse de una medida cautelar, los magistrados parecen ya haber manifestado su posición sobre el fondo de la cuestión, algo que deberá ser resuelto por el tribunal.

En el caso penal de la Justicia Federal, además de procesar a Cavallo, Ordóñez y Zavalía, el juez Torres hizo lo mismo con Juan Alberto Ravagnan, ex secretario de la SRA; Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro y Juan Manuel Insúa, ex funcionarios del Banco de la Ciudad; Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto,y Daniel Ivakhoff, ex funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional y Gastón Ramón Figueroa Alcorta, ex director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales.

El delito en cuestión es "peculado" previsto y reprimido en el artículo 261 del Código Penal que castiga con "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".

El aval que dio la Cámara Civil y Comercial a frenar la estatización del predio será apelado por el gobierno, que intentará llevar el caso, que a su criterio corresponde, el contencioso administrativo. El tema podría llegar en breve a la Corte Suprema de Justicia.

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