Impunidad: la Justicia no avanza en la denuncia contra Bussi por abuso sexual

La palabra del abogado de la joven

"Tenemos miedo de que sea una desaparecida más en democracia", afirmó el abogado Salvador Iovane cuando explica el estado en el que está la causa de “Lupe” (su verdadera identidad se mantiene bajo reserva), la mujer de 26 años que el mes pasado denunció a Bussi por abuso sexual.

"La situación es muy grave, porque la Justicia de Tucumán no le está dando ningún tipo de protección, entonces su vida realmente está corriendo peligro”, agregó Iovane.

La complejidad del caso radica en que el abuso sexual que sufrió la denunciante es, en realidad, y más allá de la gravedad del hecho en sí mismo, la punta del iceberg de un entramado de violencias y acciones de amedrentamiento con las que Bussi, en complicidad con otros dirigentes de su partido, están buscando acallarla.

Usurpación de identidad

La denuncia que hizo la mujer a principios del mes pasado contiene dos acusaciones en una: por un lado, la de delito sexual con acceso carnal contra Bussi y, por el otro, la acusación que había llevado a Lupe hasta la Legislatura el día del abuso: una usurpación de identidad, según publicó el matutino Página 12.

Según consta en la denuncia, el partido de Bussi había hecho con los datos personales de la joven para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos.

"El origen de ese cuenta viene de una operatoria mucho más oscura que una simple malversación de fondos, es una sustracción de dinero de un ente importante de la provincia de Tucumán que también incluye al poder político y a la policía", explicó el abogado.

El 17 de junio el juez finalmente accedió al pedido de desglose por parte de la víctima para que las dos acusaciones se puedan empezar a investigar por separado. Sin embargo, a más de tres semanas de eso, la Fiscalía sigue sin realizar avances sobre el tema.

"Están dejando la causa dormida, porque no se está investigando. Por eso ahora nosotros presentamos una queja ante el Juzgado", sentenció.

Silencio oficial

Desde el Gobierno tucumano ni ningún sector de la Legislatura de la provincia se pronunciaron respecto a la denuncia que pesa sobre Bussi.

Alejandra del Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras Tendencia y del colectivo Ni Una Menos en Tucumán, cuenta que la Justicia tardó diez días en dar lugar a la denuncia y que, ante el pedido de protección a la víctima, enviaron a la propia policía provincial, cuando el abogado había pedido explícitamente que esta institución sea apartada de la causa.

"Todo esto no es una omisión sino una cuestión de respaldo político a Bussi, porque él tiene un peso no solo por ser hijo del genocida, sino también porque es aliado del Gobierno provincial en la Legislatura tucumana: si bien en las elecciones estos dos partidos van por separado, Bussi es una pieza clave que tiene el oficialismo para votar de manera conjunta", puntualizó.