Intercargo acusó a LAN de no cumplir con su responsabilidad

Política

Es por un conflicto contractual por el que la firma aérea fue beneficiada con un fallo judicial. La empresa estatal aclaró que su posición es que "todas las compañías que reciban igual servicio abonen la misma tarifa", por lo que LAN no debería tener una situación de privilegio.

La firma Intercargo –a cargo de los servicios de rampa en los aeropuertos del país- salió a responder a las críticas de LAN por presunto incumplimiento de contrato y remarcó que la posición de la empresa estatal "y en definitiva, la del Estado Nacional, es que todas las compañías que reciban igual servicio abonen la misma tarifa, eliminando las situaciones de privilegio".

De este modo, manifestó su posición "ante la embestida judicial-mediática de la cual ha sido víctima Intercargo SAC por defender los intereses del Estado argentino y promover los principios de eficiencia, igualdad y no discriminación de un servicio público".

La respuesta llega luego de que el juez en lo Civil Alejandro Saint Genez dictara una medida de no innovar a favor de la empresa LAN, mediante la cual obligó a Intercargo a prestar el servicio de rampa, fijó multas diarias en caso de la no efectivización del servicio y dio traslado al expediente a sede penal, según informaron fuentes de la compañía aérea.

La resolución fue adoptada este viernes, luego de una presentación de LAN, tras la notificación enviada por Intercargo en la que advertía que si LAN no paga un adicional por fuera del contrato, le cortan en 24 horas el servicio.

El conflicto entre la empresa estatal y LAN se originó en octubre de 2012, cuando se rescinde el contrato entre ambas compañías, basándose en una cláusula de “recisión por notificación inmediata”. De esta forma, la empresa aérea quedó encuadrada dentro de la resolución 945 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que aplica la misma tarifa para todas las líneas aéreas a las cuales les presta servicios Intercargo (excepto American Airlines y Aerolíneas Argentinas, quienes realizan ese servicio con estructura propia).

En sí, esta resolución impide a Intercargo realizar descuentos discrecionales que redunden en trato desigual a las compañías, determinando para todos los usuarios la obligación de abonar el 100% de las tarifas aprobadas.

Por violar esa normativa, al día de la fecha LAN adeudaría a Intercargo más de 38 millones de pesos.

A través del comunicado, la firma estatal explica este viernes que "el contrato de concesión del Estado con Intercargo establece que la empresa debe guiarse por las disposiciones de la autoridad de aplicación, la ANAC".

En relación a la situación con el Grupo LAN, "donde han existido denodados esfuerzos de victimizar a dicho grupo económico", detalla diversos aspectos. "Ninguna compañía aérea  fue tan beneficiada en los últimos años como el Grupo LAN, obteniendo bonificaciones especiales sobre las tarifas que le significaron una ventaja  patrimonial de más de 44 millones de dólares tan solo en los últimos tres años", señala.

Asimismo, sostiene que "el contrato entre Intercargo y LAN se encuentra resuelto desde octubre de 2012 por razones que se ajustan estrictamente a cláusulas de recisión. En consecuencia, al no existir contrato entre las partes,  rige el tarifario  AIC 421/2011, adicionalmente  este argumento se refuerza con la Resolución ANAC 945/2012".

"Pese a esto último LAN, unilateralmente, desconoce dicha recisión y sigue rigiéndose bajo los términos de un contrato cuya validez es nula, pretendiendo mantener los beneficios que incumplen cualquier trato justo, equitativo e igualitario, que solo opera en detrimento de sus competidores y en beneficio propio, ya que por iguales servicios obtiene un precio hasta un 40 % inferior", afirma. 

En tal sentido, explica que "LAN incurre en una doble contravención, haciendo valer un contrato resuelto y desconociendo la normativa de la autoridad de aplicación"

"Bajo las condiciones impuestas por LAN, desde el momento de la recisión del contrato, ha dejado de abonar a Intercargo la suma de 38.868.840 pesos, lo que implica un claro perjuicio al Estado Nacional", sostiene.

Finaliza aclaran que "la tarifa vigente determinada por la autoridad de aplicación resulta justa y razonable, más si se considera que la tarifa cobrada en chile a las empresas argentinas  es similar e incluso más onerosa que la que rige y cobra Intercargo por el servicio de rampa".

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