Scioli quiere que el 911 y cintas de cámaras sirvan como pruebas

Lo impulsa el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Las medidas llegan luego de la salidera sufrida por Carolina Piparo.

El gobernador Daniel Scioli propondrá que se reforme el Código de Procedimiento Penal para que los videos que toman las cámaras de seguridad y los llamados al 911 sean tomados como prueba en causas judiciales en las que se investigan delitos.


 


El gobernador explicó que se reunirá con las autoridades legislativas de la provincia con el objetivo de que la Legislatura sancione una ley que establezca en forma taxativa que los videos y las llamadas puedan tomarse como prueba en causas judiciales.


 


Además adelantó que en la reunión con las entidades financieras, que mantendrá el miércoles, "se evaluará la posibilidad de colocar deshinibidores de los celulares en el interior de los bancos" para que los teléfonos queden automáticamente inutilizables en ese ámbito.


 


Scioli anunció las medidas tras una reunión que mantuvo en la casa de Gobierno provincial, en La Plata, con familiares de Carolina Piparo, la mujer embarazada que fue baleada por dos delincuentes en una salidera bancaria.


 


También se evalúa la posibilidad de restringir la circulación de las motos en las zonas y horario bancarios, las que podrán andar con un sólo ocupante, aunque precisó que se tratará de "compatibilizar la medida con la ciudad de Buenos Aires para aplicarla en todo el ámbito metropolitano".


 


Scioli ratificó que está "al frente" de la lucha contra la delincuencia y aseguró que se enfrenta "a brutales delincuentes dispuestos a todo por lo que hay que quitarle a este tema la discusión ideológica y la defensa de la vida nos tiene que unir a todos".


 


"No podemos seguir conviviendo con estas bestias que tienen que estar en la cárcel", dijo en relación a los delincuentes que balearon a la embarazada, y precisó que "el delito muta y por lo tanto hay que ir adaptando las leyes".


 


En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal explicó que el objetivo del gobierno es consensuar con las entidades bancarias "una mayor inversión en los mecanismos de seguridad que tienen los bancos".

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