Avisaron de un aborto y la paciente terminó presa
La Justicia investiga a tres médicas del Hospital Fernández por agredir verbalmente a una mujer, denunciarla a la Policía y entregarla para su detención, violando la ley.
Este lunes salió a la luz un caso de maltrato y violación a la ley vigente en la Ciudad en materia de atención sanitaria y confidencialidad. Una médica del Hospital Fernández dio aviso a la Policía sobre una chica que había llegado al nosocomio con un aborto en curso. El caso generó la intervención de la Defensoría General de la Nación en defensa de la damnificada.
Los oficiales trasladaron a la paciente a la comisaría 53ª y la mantuvieron detenida diez horas, aún con problemas de salud y pérdidas. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, informó de los hechos a la Justicia y advirtió al Hospital y a las autoridades sanitarias porteñas por la violación de los derechos de la paciente (tanto a la vida como a la intimidad), según estipula la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Una vocera del ministerio de Salud porteño informó que "los médicos están obligados a realizar la intervención policial" si presumen que ha habido prácticas abortivas, por decisión de esa cartera, consignó el diario.
El caso se produjo el 29 de junio pasado. La atención estuvo a cargo de las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich, que comprobaron la muerte del feto y lo retiraron. Quien resolvió la denuncia policial fue la jefa de servicio en la mañana del día siguiente, Rosana Elizabeth Buffa, médica del área de Obstetricia del Fernández. Buffa dio de alta a la mujer para que fuera trasladada a la sede policial, antes de que se cumpliera un día del parto.
Según se desprende de la causa, la mujer
fue hostilizada y agredida por las médicas que la atendieron, quienes le
habrían efectuado comentarios condenatorios, e incluso le habrían colocado
menor dosis de calmantes para que sufriera "su acción".
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya.
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