Diputados de la Coalición Civica denunciaron al "Señor Tabaco" por presunto lavado de dinero

Sociedad

Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, fue acusado por diputados de la Coalición Cívica por "cohecho, subfacturación y asociación ilícita".

Los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Marcela Campagnoli denunciaron esta semana a Pablo Otero, el dueño de la Tabacalera Sarandí por supuesto lavado de dinero.

La causa ya fue sorteada y quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal 4 en Comodoro Py, donde se investiga a Otero por "delitos de cohecho, lavado de activos, facturación apócrifa, apropiación indebida de tributos, subfacturación y asociación ilícita".

Campagnoli y Lopez establecieron en su denuncia que habían "tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dadivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A.", según dijeron, para que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero. Esos pagos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha.

Se supone que Otero habría pagado a las autoridades y personal de la AFIP en varias oportunidades desde 2018 hasta la fecha.

En su denuncia los diputados de la Coalición Cívica citaron la Ley Bases, gracias a la cual "el pago de estas coimas se habría hecho visible", y agregaron que "Otero habría influenciado a personas dentro de la AFIP con el fin de que desaparezca un informe practicado en su contra, en el que se habrían detallado múltiples ilicitudes".

La denuncia y posterior investigación tienen su raíz en la decisión de la Corte Suprema de que Tabacalera Sarandí comience a pagar la carga tributaria que había quedado suspendida por la Cámara correspondiente.

A partir del fallo más reciente de la Corte Suprema en la materia, Otero deberá pagar el impuesto, aunque no está confirmado si también tendrá que saldar la deuda de más de U$S 1000 millones que acumuló en los últimos cinco años mientras se desarrollaba su contienda legal.

El impuesto a los cigarrillos provocó varias acciones legales de tabacaleras de diversos tamaños que plantearon que al establecerse un piso mínimo elevado las compañías de menor tamaño quedarían en inferioridad de condiciones para competir con las grandes.

Pero el 28 de mayo la Corte Suprema dejó sin efecto cuatro medidas cautelares concedidas a Tabacalera Sarandí que frenaban el accionar de AFIP, lo que puso punto final a los planteos de la compañía de Otero ante la Justicia.

El Máximo Tribunal entendió que los jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal inhibieron "potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado y alterado el efecto del recurso interpuesto por la apelante contra la sentencia de fondo, requiriendo para ello solamente la caución juratoria de la parte apelada".

Por eso, decretó la suspensión de la ejecución de la sentencia ordenada por la Cámara, lo que le deja el camino libre a la AFIP para determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí.

Mientras tanto, el 4 de junio la Corte Suprema resolvió conferir vista a la Procuración General de la Nación, para que emita su dictamen sobre la constitucionalidad o no de la normativa que regula el impuesto interno al tabaco.

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