Edad de imputabilidad penal: qué se discute en Argentina y por qué volvió al centro del debate
El Congreso debatirá en febrero de 2026 la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad y redefinir el sistema de responsabilidad penal adolescente.
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina. El tema, que combina dimensiones legales, sociales, psicológicas y políticas, regresó al centro del debate tras la decisión del Gobierno de incluir el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación convocadas para febrero de 2026.
La pregunta que atraviesa la discusión es clara pero compleja: ¿desde qué edad una persona puede ser considerada penalmente responsable por un delito? La respuesta no solo implica definir un número, sino también repensar cómo el Estado aborda los delitos cometidos por adolescentes. Andrés García Vautrin, abogado penalista, habló con minutouno.com de todo lo que hay que saber sobre bajar la edad de imputabilidad.
Cómo funciona hoy la imputabilidad penal en Argentina
En el marco legal vigente, la edad de imputabilidad penal establece el límite a partir del cual una persona puede ser juzgada dentro del sistema penal. Actualmente, en Argentina los menores de 16 años no son penalmente imputables. Esto implica que, ante la comisión de un delito, no pueden ser juzgados ni condenados penalmente, aunque sí pueden aplicarse medidas de protección bajo regímenes especiales.
Para los adolescentes de 16 y 17 años, en cambio, rige un sistema diferenciado: pueden ser imputados, pero bajo un régimen especial que contempla limitaciones según la gravedad del hecho y el proceso penal específico para menores.
Qué plantea la reforma que llegará al Congreso
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil propone modificar la edad mínima de imputabilidad y establecer un marco normativo integral para el tratamiento penal de adolescentes que cometan delitos graves.
En líneas generales, la iniciativa oficial plantea que el nuevo régimen se aplique a jóvenes de entre 13 y 18 años, lo que implicaría una reducción de la edad mínima desde los actuales 16 años. Al respecto, Andrés García Vautrin, abogado penalista, del Estudio García Vautrin Condomí Alcorta, señala: “Es importante señalar que, en el debate parlamentario, distintos bloques y sectores políticos han propuesto edades diferentes, algunos referentes sugieren fijar el piso en 14 años para facilitar consensos legislativos, otros han planteado incluso propuestas más bajas en líneas discursivas, pero el proyecto oficial presentado contempla a los 13 años como límite principal”.
Un sistema más amplio que una simple reducción etaria
La reforma no se limita a bajar la edad de imputabilidad. El texto propone un sistema integral de responsabilidad penal juvenil, orientado a combinar sanción con educación, resocialización e integración social.
Entre sus ejes centrales, se establece que la finalidad del régimen es “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, sin dejar de lado objetivos pedagógicos y de reinserción.
Prohibiciones importantes
El proyecto incorpora prohibiciones específicas en materia de detención y penas. Se establece que los adolescentes no podrán ser alojados junto a adultos en lugares comunes de detención. “Asimismo, toda privación de la libertad debería realizarse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo”, aclara Andrés García Vautrin.
Además, se prohíbe la aplicación de prisión perpetua a menores de edad y se fija un tope máximo de 20 años de privación de la libertad. “Otra prohibición relevante es la de la prisión perpetua para adolescentes, fijando un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Esto significa que, incluso en los casos más graves, no se aplicarían penas superiores a esa duración”, agrega el especialista.
Sustituciones de pena
Otro punto relevante de la iniciativa es la posibilidad de sustituir parcialmente la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena. Estas modalidades de cumplimiento alternativo quedarían sujetas al control judicial y a evaluaciones técnicas, con un enfoque puesto en la reinserción social del adolescente.
El proyecto también propone una intervención estatal permanente y articulada, que no se limite al castigo penal. El modelo incluye intervención judicial, dispositivos educativos, políticas de reinserción social y atención profesional especializada.
Por qué el tema vuelve a discutirse ahora
La inclusión del proyecto en el temario de las Sesiones Extraordinarias responde a una agenda legislativa que prioriza asuntos vinculados a seguridad y justicia. A la par del texto oficial, existen otras iniciativas que proponen fijar la edad de imputabilidad en 14 años, lo que refleja la diversidad de posturas dentro del Congreso.
El debate también se encuentra atravesado por hechos sociales recientes que reavivaron la atención pública sobre delitos cometidos por menores, aunque distintos analistas advierten que las respuestas exclusivamente punitivas no resuelven los problemas estructurales de fondo.
¿Cómo se compara Argentina con otros países?
A nivel comparado, la edad de imputabilidad penal varía significativamente entre países. En Uruguay se fija en 13 años, en Paraguay en 14, mientras que en algunos estados de México puede ser tan baja como 12 años. En España e Italia el límite se establece en 14 años, y en Francia en 13.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiendan que los países respeten principios de protección integral, evitando retrocesos y garantizando siempre un tratamiento diferenciado y especializado para menores de edad.
Los ejes del desacuerdo
Quienes respaldan la baja de la edad de imputabilidad sostienen que la normativa vigente no refleja la realidad actual y que es necesario contar con herramientas legales que permitan abordar delitos graves cometidos por adolescentes con mayor claridad jurídica.
En contraposición, los sectores críticos advierten que reducir la edad por sí sola no resolverá la criminalidad juvenil y remarcan la necesidad de fortalecer políticas sociales, educativas y de inclusión, además de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En palabras de Andrés García Vautrin: “La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina es un tema técnicamente complejo y socialmente profundo. No se trata únicamente de fijar un número, sino de pensar en cómo estructurar un sistema que garantice justicia, derechos, seguridad y oportunidades de reinserción para adolescentes que se vean involucrados en el delito”.
Y concluye: “El proyecto que ahora se debatirá en el Congreso combina propuestas de reducción de la edad mínima con un enfoque integral que abarca principios procesales, ejecuciones diferenciadas, límites a las penas y medidas orientadas a la educación y resocialización”.
Más allá de lo que finalmente resuelva el Parlamento, existe un consenso amplio en que cualquier reforma deberá equilibrar justicia, protección de derechos y recursos institucionales suficientes para asegurar su correcta implementación.
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