Floresta: rescatan a 29 trabajadores textiles que eran explotados en un taller trucho
El lugar tenía tres plantas y funcionaba en el barrio porteño de Floresta. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la investigación. Hay un detenido y prendas secuestradas.
Un taller textil trucho fue clausurado en las últimas horas por orden judicial en el barrio de Floresta. Su dueño fue detenido y 29 trabajadores en condiciones irregulares, sin el alta en Seguridad Social, fueron rescatados. Todos eran explotados: no estaban registrados ni protegidos por los marcos legales.
Los procedimientos se originaron por un llamado anónimo al 911 que informaba sobre el funcionamiento sobre la calle Emilio Lamarca al 700 de un taller textil clandestino. La División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, que fue la receptora de la información, dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, quien ordenó una investigación en torno al lugar, a fin de confirmar la veracidad de la denuncia.
Luego de diferentes averiguaciones, los efectivos lograron comprobar que en el lugar -una propiedad de tres plantas, con un entrepiso y una terraza- funcionaba un taller textil ilegal donde trabajaban una gran cantidad de operarios contratados de manera irregular.
Con la información recibida, la fiscalía ordenó cumplimentar un allanamiento. Cuando las autoridades irrumpieron en el lugar, identificaron a 29 trabajadores de ambos sexos, todos mayores de edad; cuatro venezolanas, una paraguaya y una boliviana, y secuestraron una gran cantidad de prendas apiladas y en bolsas preparadas para su comercialización.
Por su parte, el personal de la oficina de Rescate de Personas entrevistó a los 29 empleados rescatados y se los autorizó a retirarse a sus domicilios luego de confirmarse que no vivían en el lugar.
Luego de informarle sobre el procedimiento al Juzgado interventor, se dispuso la detención de un hombre de 34 años, que fue identificado como el dueño del lugar, por infracción al artículo 145 bis del Código Penal, mientras que la AGC dispuso la clausura del taller para impedir que continúe con su actividad comercial.
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