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La Corte que condenó al país a pagarle a los buitres ratificó la pena de muerte

Sociedad

El máximo Tribunal de EE.UU no sólo se negó a tratar la apelación de la Argentina sino que también denegó dos medidas cautelares para suspender dos ejecuciones.

La Corte que condenó al país a pagarle a los buitres ratificó la pena de muerte
La Corte que condenó al país a pagarle a los buitres ratificó la pena de muerte
Luego de la suspensión de ejecuciones con inyección letal debido al sufrimiento que padeció un sentenciado en Oklahoma, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó la aplicación de la pena de muerte a Marcus Wellons y John Winfield. El máximo tribunal, que se negó a tratar la apelación de la Argentina contra los fondos buitre, también denegó la petición de los abogados de los reos quienes argumentaban que necesitaban más información sobre los componentes de la droga utilizada para determinar si podían causar un fallecimiento indigno a sus clientes.

Así, Wellons, de 59 años y condenado a muerte por violar y asesinar a una nena en 1989, murió poco antes de la medianoche del martes en una cárcel de la localidad de Jackson, en el estado de Georgia, al administrársele una inyección letal con una sola droga.

Su ejecución fue la primera en Estados Unidos desde el 29 de abril, cuando la aplicación de la pena de muerte al preso Clayton Lockett en Oklahoma se alargó cuarenta minutos tras la inyección de la combinación letal, lo que generó una gran polémica nacional y reabrió el debate sobre la pena capital. Por entonces, el presidente Barack Obama ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, un "análisis" de los métodos con los que se aplica esa sentencia.

En tanto, una hora después de la muerte de Wellons, las autoridades de Misuri ejecutaron a Winfield, sentenciado a muerte en 1998 por asesinar a su hermana y a otra mujer en un ataque de celos en  1996 en el que también disparó y dejó ciega a su ex novia.

A Winfield, de 46 años, también se le administró una inyección letal de un solo fármaco.

Según el director del observatorio sobre la pena de muerte Death Penalty Information Center (DPIC, en inglés), Richard Dieter, ambas ejecuciones fueron "apresuradas".

"Las ejecuciones fueron apresuradas, deberían de haberse retrasado hasta que tuviéramos toda la información. Pero cada estado está operando de forma independiente. No hay un control nacional en este momento", afirmó Dieter.

Según el director del DPIC, los departamentos penitenciarios de Georgia y Misuri, así como el de Florida, donde está programada otra ejecución para este miércoles, deberían de haber suspendido los procedimientos.

Durante años, la mayoría de los estados de Estados Unidos emplearon una combinación estándar de tres medicamentos para la inyección letal: un anestésico o barbitúrico (habitualmente pentotal sódico o, en su defecto, pentorbital), un agente paralizante (bromuro de pancuronio) y un electrolito que detiene el ritmo cardíaco (cloruro de potasio).

Pero ese escenario cambió en 2011, cuando la estadounidense Hospira, que proporcionaba el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por los 32 estados que aplicaban la pena capital), detuvo la producción.

Poco después la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en su intento por "acabar con la tortura y la pena de muerte" en el mundo, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la alternativa europea.

Desde entonces, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales, los estados han probado nuevas fórmulas, lo que ha generado complicaciones en varias ejecuciones en lo que va de año.





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