Confirman los procesamientos de Jaime y Schiavi y piden elevar la causa a juicio oral
Los ex funcionaros están acusados de "administración fraudulenta" y "estrago doloso". También fueron procesados los dueños de la ex TBA y se le revocó el sobreseimiento al maquinista Marcos Córdoba.
Para el Tribunal, "existió una concatenación de eventos" que derivaron en el hecho acaecido la mañana del 22 de febrero de 2012, donde "una negligencia en la conducción y el estado del tren siniestrado tornaron lo evitable en un suceso de enorme magnitud".
Los camaristas entendieron que las evidencias físicas recogidas en el lugar de los hechos como en el posterior examen pericial practicado, permitieron determinar que la formación colisionó contra el paragolpes del andén 2 de la estación Once, luego que ingresara a la cabecera a una velocidad superior a la permitida, con el dispositivo de seguridad denominado "hombre muerto" desactivado y, en el mejor escenario, con una aplicación tardía del freno.
Pero también señalaron que esos mismos elementos permiten responsabilizar a su vez a los operadores del servicio, quienes no dieron cumplimiento al compromiso contractual oportunamente asumido, contribuyendo de tal forma al resultado típico producido: descarrilamiento parcial, acaballamiento de algunas unidades y, a consecuencia de ello, las muertes y lesiones causadas a numerosas personas.
Ello, en atención a la "informalidad que rodeaba diariamente la entrega de formaciones: ausencia o anulación de compresores, adición de suplementos inadecuados para corregir falencias -rueda planchada-, ausencia de freno de guarda, falta de controles en torno a la velocidad máxima permitida", entre otras irregularidades, afirma el fallo.
Pero además, observaron que "el progresivo deterioro de los trenes y, con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal que, como tal, resultó insuficiente para encauzar las obligaciones emergentes del contrato de concesión y velar así por el correcto uso, conservación y custodia de los bienes públicos y la seguridad de los usuarios".
Por ello, para el Tribunal "las causas que coadyuvaron al resultado producido la mañana del 22 de febrero se encuentran indisolublemente unidas al quebrantamiento de las obligaciones indelegables e inaplazables del contrato de concesión: el mantenimiento de los bienes públicos concesionados, tal como reconociera el Poder Ejecutivo Nacional cuando rescindió el contrato de concesión de TBA a través del decreto 793/12.
Sobre dicha base, se resolvió revocar el sobreseimiento de Córdoba -a quien no se le creyó su versión-, procesándoselo entonces por "estrago culposo".
Además, se confirmó los procesamientos y las libertades de los empresarios tanto de TBA como de Cometrans (perteneciente al grupo integrado por los Cirigliano). Como no se logró demostrar que actuaron con la finalidad de que el tren chocara -dolo-, se modificó la calificación por la de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Se revocaron también los procesamientos de todos en relación a la asociación ilícita, en razón de que los hechos vinculados a las irregularidades en el manejo de los subsidios entregados por el Estado en que se fundó buena parte de la resolución de Bonadío.
La Cámara confirmó, asimismo, los procesamientos del el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero, y se revocó el sobreseimiento y se procesó a Antonio Sícaro, quien también estuvo a cargo de la CNTR. En estos casos se agravaron las calificaciones -habían sido procesados por "incumplimiento de los deberes" y "abuso de autoridad"-, y poniéndoselos en pie de igualdad con los empresarios, elevándose consecuentemente sus embargos a seiscientos millones de pesos.
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