A pesar de la prohibición, la Justicia autorizó carreras de galgos en Córdoba
Aunque el municipio de Inriville no había autorizado el evento los galgueros recurrieron a la justicia que interpretó que todavía no habría entrado en vigencia la ley que las prohíbe aun cuando ya fue promulgada.
A pesar de la prohibición se siguen haciendo carreras de galgos
Heredia sostuvo que "hoy a las 3 de la mañana les metieron 1.500 personas para impedir la clausura", en el predio donde se realizaron las carreras, y manifestó que "los controles a lo animales se deben realizar con unas tirillas que cuestan unos 840 dólares y dudo que las tengan en Córdoba".
La presidenta de la organización explicó que "la vigencia de la ley es a partir de la promulgación y publicación en el Boletín Oficial". En ese sentido, advirtió que "no se necesitan ocho días después de la publicación para su vigencia, porque el artículo 5 del Código Civil dice que eso sólo se refiere a leyes del fuero civil, y esta es penal".
Asimismo, destacó que la denuncia presentada "se fundó, además, en la ley 14.346 de Maltrato Animal" y expresó que la competencia "también viola la ley 6.393 de la provincia de Córdoba, que regula las apuestas en corridas de animales y exige la autorización de la municipalidad".
El Poder Ejecutivo promulgó y publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial la ley que prohíbe las carreras de perros de cualquier raza en todo el país, que prevé entre tres meses y cuatro años de prisión para quien "organice, promueva, facilite o realice" esas competencias. La ley 27.330, sancionada por la Cámara Diputados el 16 de noviembre, establece, además, la aplicación de multas de entre 4 mil y 80 mil pesos a quienes infrinjan la ley.
El municipio de Inriville, en el departamento cordobés de Marcos Juárez, había clausurado en julio el canódromo conocido como el "Palermo de los Galgos", donde se corren campeonatos nacionales con premios de hasta 150 mil pesos y autos cero kilómetro. La clausura se concretó en base a irregularidades en las disposiciones municipales para la habilitación de espectáculos públicos, pero las competencias se reanudaron debido a que los organizadores cumplieron con los requerimientos que se les hizo.
Organizaciones defensoras de animales advirtieron que los perros sometidos a correr carreras son drogados, viven hacinados en jaulas, atados para realizar montas forzadas para la cría indiscriminada de la raza, castigados con látigos y tienen vida "útil" de menos de tres años.
Después de un tiempo de competir "quedan completamente destrozados", advirtieron las organizaciones, y dijeron que "la mayoría son abandonados o sacrificados, porque para sus explotadores, los galgueros, les generan un gasto innecesario".
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