Se complica la situación de un estanciero por el crimen de Marisol Oyhanart
A partir de las declaraciones de siete policías bonaerenses comenzó a derrumbarse la coartada de un empresario agropecuario sospechoso de haber tenido relación con el asesinato de Marisol Oyhanart, ocurrido en Saladillo en abril del año pasado. Los uniformados que declararon la semana pasada en la fiscalía de La Plata, a cargo de Ana Medina, pusieron al descubierto las contradicciones del empresario, que habría sido amante de la víctima, y complicaron a los policías de Saladillo involucrados en las eventuales maniobras para encubrirlo.
Esa convocatoria se realizó sin que la primera fiscal del caso, Patricia Hortel, hubiera dado la orden. Hasta ese momento el caso estaba caratulado como averiguación de paradero. Sin embargo, a uno de los policías de Bolívar le dijeron que debía viajar a Saladillo a bordo del móvil 17.428 "por disposición de la Departamental 25 de Mayo porque había ocurrido un homicidio".
A esa hora, Marisol seguía desaparecida. Faltaban más de ocho horas para que se encontrara el cuerpo. No obstante, según aquel testigo, desde la comisaría de Saladillo ya se referían al caso como un asesinato.
Otro policía de Bolívar que declaró ante la fiscal sostuvo que dejó constancia en el libro de guardia de que el móvil 17.428 fue enviado con tres efectivos a Saladillo para colaborar con la búsqueda de Marisol.
Pero los tres policías que integraron la dotación de ese móvil afirmaron que no fueron a Saladillo, sino al campo del empresario para llevarlo a la comisaría con el objetivo de tomarle declaración testimonial por el caso Oyhanart.
Dos jefes policiales coincidieron en que ese móvil fue utilizado para trasladar al empresario. Sin embargo, en el libro de guardia figura como despachado a Saladillo, a la misma hora. Ningún acta se labró sobre la verdadera tarea para la que fue utilizado el móvil 17.428.
En su declaración testimonial, el empresario sospechoso dijo que la noche que Marisol desapareció estuvo en su campo solo. Sin embargo, una mujer policía afirmó que el empresario le había dicho que estaba con sus hijos en la estancia. En tanto que la madre de los chicos afirmó que los menores habían estado con ella aquella noche.
Ninguno de los tres policías que fueron a buscar al empresario y a su puestero vio a alguien más en el establecimiento rural en su visita.
Otra irregularidad se produjo cuando fue secuestrado el celular del empresario. En el acta no se certificaron los datos identificatorios del teléfono. Tampoco pudo explicar el jefe policial a cargo del procedimiento por qué desarmó y volvió a armar el celular del empresario antes de enviárselo a la fiscal Hortel, en Saladillo.
Al menos seis testigos involucraron al empresario en el homicidio; otros cuatro aportaron detalles y nombres de los policías que habrían cobrado una millonaria suma del hombre de negocios para borrar las pruebas que lo vinculaban con el asesinato. A pesar de todos estos indicios, el sospechoso aún no fue imputado y el crimen sigue impune.
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