La decisión del juez Alfonso de aceptar la apelación del Grupo Clarín habilitó al Ejecutivo a recurrir al máximo tribunal, por entender que se está ante un caso de "gravedad institucional". Hay dudas sobre la determinación que adoptará la Corte.
Con la aceptación del juez federal Horacio Alfonso de la apelación del Grupo Clarín al fallo que dictó sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios, el Gobierno nacional quedó habilitado para recurrir a la Corte Suprema a solicitar “per saltum” y, de esta manera, evitar que la causa recorra los pasos tradicionales de la Justicia por tratase de un caso de “gravedad institucional”.
Es que para requerir “per saltum”, el Ejecutivo necesitaba del fallo de primera instancia y la aceptación de su apelación, lo que sucedió este martes con la resolución de Alfonso.
Para acudir al máximo tribunal, el Gobierno debe demostrar que se está ante un “agravio institucional”. De concretarse, el argumento oficial planteará que con esta nueva suspensión la Ley de Medios queda otra vez sin vigencia, en contra del fallo de la propia Corte, que puso como fecha de finalización de los plazos cautelares el 7 de diciembre.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La duda que surge entre los abogados que patrocinan al Ejecutivo es si la Corte considerará que se está ante un caso de “gravedad institucional” y aceptará el “per saltum”.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En caso contrario, la causa seguiría los pasos tradicionales de la Justicia: irá a la polémica Sala I de la Cámara Civil y Comercial federal, donde se prevé un fallo a favor del requerimiento del Grupo Clarín y, por ende, se esperará una apelación oficial ante el máximo tribunal, que, en definitiva, terminará resolviendo la cuestión.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario