Fuga de represores: 2 millones de pesos de recompensa
Gustavo Ramón de Marchi y Jorge Antonio Olivera estaban detenidos por crímenes de lesa humanidad y se fugaron del Hospital Militar Central.
Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi
Jorge Antonio Olivera
Gustavo Ramón de Marchi
Marta Ravasi de Olivera
El titular de la cartera de Justicia explicó también que "los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta Institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad."
El pedido señala que además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado y sobre la actuación judicial que lo motivó, se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad. Ante este cuadro de situación no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que Marta Ravasi de Olivera, esposa de Jorge Antonio, cumple funciones en el lugar.
Por último, el Ministro Alak hizo saber que fue inmediatamente puesto en disponibilidad y sumariado el personal penitenciario involucrado en los hechos.
Finalmente, recordó que "ambos condenados ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena. Incluso la Cámara Federal de Mendoza, había otorgado excarcelaciones que posibilitaron su fuga en la etapa de investigación".
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