El juez a cargo del Juzgado Federal de Orán desde diciembre de 2004 , acusado de tener vínculos con el narcotráfico, insistió con su inocencia: "No formé parte de ninguna asociación ilícita".
"Soy inocente. Tengo la absoluta tranquilidad de que nunca integré ni fui jefe de una asociación ilícita. Nunca cobré dinero para beneficiar a narcotraficantes en las causas judiciales a mi cargo", sostuvo el juez de 57 años, 11 al frente del Juzgado Federal de Orán, en la frontera con Bolivia, al ser consultado por un diario nacional.

Hace menos de dos semanas el juez federal de Orán fue procesado con prisión preventiva (no puede ser detenido porque como magistrado tiene fueros) por su colega de Salta Julio Bavio.

El juez federal niega todas las acusaciones en su contra y sostiene que no existen pruebas concretas en su contra, sino que "sólo hay rumores de café".

"Exigió dinero y otras dádivas a cambio de dictar resoluciones favorables a imputados de delitos relativos al tráfico de estupefacientes" afirmó el juez Bavio, haciendo referencia a la que habría sido una práctica "sistemática" de Reynosom, acusación que ya fue apelada por la defensa del acusado.

Según Bavio, el juez acusado cobraba "una tarifa, que puede considerarse estándar, de 500.000 pesos", aunque "en otros casos, las sumas habrían sido sideralmente mayores", le confió al medio.

En base a los datos que trascendieron, se cree que le habría cobrado US$ 350.000 al transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de ser el capo de la logística del transporte de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina, para evitarle quedar preso, mientras que otro sospechoso le habría entregado un campo de 700 hectáreas.

Antes de la resolución del juez Bavio, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba habían emitido un dictamen donde afirmaron que el juez federal de Orán "abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad, en causas en infracción a la ley 23.737 (de estupefacientes), exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal".

Reynoso dice que los planteos de la acusación en su contra se hicieron después de analizar unas "20 causas", mientras que a lo largo de sus 11 años resolvió 28.500 causas, razón por la que dice haber pedido una auditoría para que se analicen todos los expedientes. "Soy inocente. No formé parte de ninguna asociación ilícita", remarcó el juez antes de finalizar la entrevista publicada este sábado.