Franco Macri y su hijo Mauricio habían sido procesados en 2001 por el contrabando de autopartes vía Uruguay, apelando a la empresa fantasma Opalsen S.A. Los sobreseyó la Corte de la "mayoría automática".
La causa se inició en 1997, al descubrirse que Sevel Argentina (Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica), le vendía autopartes a Sevel Uruguay, es decir que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial del 2% y después cobraba reembolsos por exportaciones.

Según los datos surgidos en la investigación judicial, las primeras operaciones se hicieron en 1993, cuando tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina eran luego reingresadas en el país. Las compraban y también las vendían Sevel Argentina, Sevel Uruguay y Drago SA, una supuesta controlada del grupo Macri. Sólo por esas operaciones de 1993, los Macri habían cobrado reintegros por unos 7 millones de dólares.

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