Cristina Vázquez, quien se encuentra privada de la libertad desde junio de 2008, actualmente se encuentra alojada en la alcaldia de Mujeres de Posadas.
Una joven que hace ocho años está detenida y condenada en Misiones por un crimen que asegura que no cometió, pidió que la liberen ya que pese a que en abril la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se revise su sentencia a perpetua, continúa presa por decisión de jueces provinciales.

Se trata de Cristina Vázquez, de 33 años, actualmente alojada en la alcaidía de Mujeres de Posadas y privada de la libertad desde junio desde 2008, quien si bien debió ser excarcelada cuando el máximo tribunal dispuso la revisión integral de su sentencia.

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La joven cuenta ahora con la defensa del presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Martín Ayala, quien explicó a Télam que solicitó su libertad porque "el fallo de la Corte la dejó en una situación de prisión preventiva de casi diez años cuando el plazo legal es de dos".

"Es ilegítima y totalmente ilegal la detención", remarcó Ayala, que en un escrito dirigido al tribunal que condenó a Cristina detalló que esta situación se halla vedada por la Constitución Nacional, la de Misiones y tratados internaciones.

El abogado descartó que exista peligro de fuga por parte de Vázquez ya que posee arraigo en Posadas (su familia vive allí), tiene previsto terminar la secundaria, empezar a estudiar Gastronomía y trabajar cuidando a una persona mayor.

El caso comenzó hace 15 años, el 27 de julio de 2001, cuando Ersélida Dávalos de Insaurralde, de 79 años, jubilada del Poder Judicial de Misiones, fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo, en su casa de Posadas.

La mucama la encontró al día siguiente en el lavadero y se determinó que de la vivienda habían robado dinero y joyas, pero no se hallaron testigos para esclarecer el hecho.

No obstante, en 2002 fueron detenidos por primera vez Vázquez (entonces de 19 años), que vivía en la misma cuadra que la anciana, y otros vecinos, Omar Jara (entonces de 20 años) y su pareja, Cecilia Rojas, de la misma edad.

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Pese a que les dictaron una falta de mérito y los liberaron, por apelación de la hija de la ví­ctima, Daniela Insaurralde, fueron detenidos otra vez en 2008, enviados a juicio oral y condenados en 2010 a prisión perpetua por "homicidio calificado criminis causa".

El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte de la Nación, que en abril ordenó revisarlo integralmente.

En la causa, fue aceptada como "amicus curiae" (amigos del tribunal) la Asociación Pensamiento Penal (APP), que agrupa a funcionarios judiciales, abogados y docentes de todo el país y cree en la inocencia de Cristina.

"Cristina fue condenada por ser mujer y ser pobre", sostuvo Indiana Guereño, de la APP, que remarcó que no hay un sólo indicio en su contra.

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Tras hacer un análisis exhaustivo del caso, la agrupación destacó en un informe "la falta de imparcialidad de los jueces que impusieron la condena, entre ellos la presidenta del tribunal, Marcela Leiva, quien se habí­­a desempeñado como secretaria del juzgado donde se desarrolló gran parte de la instrucción del caso".

También afirmaron que "Cristina Vázquez se encontraba la noche del hecho a ocho kilómetros del lugar, por lo que ninguna prueba científica ni testimonial directa pudo comprobar su participación en el delito".

También se destaca "la ausencia de perspectiva de género" para analizar el caso y que se la condenó "en base a rumores e indicios, haciendo un juicio moral sobre el modo de vida de la joven y de los testigos que afirman haber estado con ella".

Otros aspectos que se destacan son que en el propio fallo se reconoce que no hay "prueba directa" contra los sospechosos, ni se pudo dilucidar qué rol tuvo cada uno en el hecho.