Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
El juez federal Sebastián Ramos investigará una denuncia que hicieron los fiscales tras la reciente declaración de la ex presidenta Cristina Kirchner, ante la posible comisión de un delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.
Tras la declaración que efectuó la ex presidenta Cristina Kirchner ante el juez Julián Ercolini por el supuesto direccionamiento de obra pública a Lázaro Baez, los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita pidieron que se abra una nueva causa con los dichos de la ex mandataria ante la posibilidad de que desde el gobierno de Macri se cometa un delito.

Los fiscales ordenaron una investigación sobre el decreto 797, del 16 de junio, por el cual Macri asignó $ 45.000 millones para que se complete el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra está a cargo de Ghella, Odebrecht, Comsa e Iecsa, la empresa de Calcaterra.

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Según la ex presidenta, Macri reconoció a su primo un precio superior al que tasaron quienes controlan los trabajos, y comprometió al Estado en el financiamiento, contrario lo previsto en la licitación. Los dichos de Cristina fueron receptados por los fiscales que hicieron la denuncia.

Ahora el juez Ercolini mandó a sorteo el caso y recayó en el juez federal Sebastián Ramos, según fuentes judiciales.

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La investigación apunta a determinar si se cometió un delito porque gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia el soterramiento será financiado por el gobierno nacional a pesar que el contrato establecía que eran las empresas quienes debían disponer del dinero.