Madrid: cientos de médicos renuncian en protesta por privatización de la salud
Más de 300 profesionales de ese sector enviaron sus cartas de renuncia y otros 3.000 dijeron por escrito que están dispuestos a dejar su trabajo si se concreta el plan oficial de privatizar 6 hospitales y 27 centros de atención primaria.
ambas medidas podrían causar un "colapso" en la atención y la organización de los hospitales, dijo el vocero, Paulino Cubero.
El Ejecutivo del presidente regional, Ignacio González, del Partido Popular (PP) -que gobierna la Comunidad Autónoma de Madrid- dice que el plan permitirá a la comunidad ahorrar 533 millones de euros del presupuesto y cumplir con los objetivos de déficit que el gobierno central impuso a las 17 regiones que conforman el endeudado país.
En declaraciones a periodistas, Cubero manifestó, además, que los trabajadores de la Salud no descartan presentar acciones legales en caso de que se lleve a cabo la privatización si consideran que esa iniciativa no se ajusta a la legalidad.
Los firmantes de la carta de renuncia señalaron que "como trabajadores de la sanidad pública" se ven obligados "a no colaborar en su desmantelamiento como ejecutores pasivos de medidas que perjudican a profesionales y pacientes", informó el diario digital español Público.es.
Los directivos de centros médicos criticaron la decisión del gobierno de Madrid de "entregar los recursos públicos a manos privadas con la ilusión de un menor costo, ignorando la acreditada capacidad de los profesionales para llevarla a cabo".
Tanto González como el consejero de Salud, Javier Fernández-Lasquetty, manifestaron en varias ocasiones su calma ante la posible catarata de renuncias de directores.
Lasquetty declaró que "lamentaría mucho" la decisión pero que los puestos de responsabilidad serían "sustituidos de inmediato".
España atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una economía en recesión y un desempleo rampante, que ya llega al 26,6%, según datos difundidos este martes por la oficina de estadísticas europea Eurostat.
Reino Unido también atraviesa una difícil situación financiera. De hecho, el Parlamento británico avanzó este martes en una ley para limitar en 1% el tope anual que subirán hasta 2016 los beneficios sociales, una cifra menor a la inflación, lo que afectará los ingresos de los sectores más pobres y vulnerables y de las personas con discapacidad.
La iniciativa, que recorta los subsidios al desempleo, a la maternidad y a la deducción impositiva que reciben los sectores de ingresos más bajos, pasará ahora a una revisión de comisiones antes
de su aprobación.
De acuerdo a datos del Instituto de Estudios Fiscales, la ley afectará a 7 millones de personas en familias con un mínimo de un integrante empleado y a 2,5 millones donde todos sus miembros son
desocupados.
El gobierno argumenta que los ajustes implicarán un ahorro de entre 2 y 10 mil millones de libras en los próximos tres años, en el marco de sus políticas de austeridad para reducir el déficit público.
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