Constitucionalistas objetan la reforma judicial

Félix Loñ en Radio 10

Los abogados constitucionalistas Félix Loñ y Daniel Sabsay cuestionaron el proyecto presentado este lunes por la presidente Cristina Fernández para democratizar la Justicia

"Es un retroceso muy significativo porque la Constitución en el artículo que regula el Consejo de la Magistratura dice que se renovará periódicamente sus integrantes pero guardando un equilibrio. Acá se elevaría sus integrantes a 19 miembros, donde los abogados y jueces serían elegidos de forma popular", afirmó Loñ en "Hola Chiche" por Radio 10.

Luego agregó que "se elevan los miembros académicos a seis con lo cual sería el segmento más numeroso y serían designados por las universidades donde hay mayoría que están a favor del Gobierno".

Según Loñ, la reforma es "claramente inconstitucional", porque "la elección popular" (de los consejeros) va en contra de la Constitución". No obstante, cree que se sancionará a raíz de que "en el Congreso las aprueban de forma exprés y no se puede modificar ni una coma".

"El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de no responder sentencias que no le gusta" por lo que "los ciudadanos están muy desprotegidos en los procesos que se inicien contra el Ejecutivo", sostuvo el abogado constitucionalista.

En esta misma línea, Daniel Sabsay criticó el paquete de leyes que impulsó la primera mandataria porque "es necesario reformar la Constitución porque esta reforma es inconstitucional, viola el artículo 114 al romper el equilibrio entre representantes elegidos por voluntad popular y los de sectores no políticos, como jueces y abogados".

Según el letrado, el Consejo de la Magistratura "ya está desequilibrado porque los políticos son 7 de 13 desde la reforma que la propia Presidente impulsó en 2007".

En cuanto a las medidas cautelares, Sabsay aseguró que con estas leyes "las cautelares contra el Estado mueren porque las asfixia" y advirtió que "los proceso van a ser mucho más lentos así que los abogados de los jubilados que se olviden".

"Hoy, los jueces son una suerte de rehenes del Poder Ejecutivo porque el Gobierno tiene derecho a veto. No por casualidad no ha prosperado ninguno de los pedidos de juicio político contra Oyarbide", remarcó.

Pese a las cuestionamientos, Sabsay enfatizó que no se opone "a que el ingreso a la primera categoría del Poder Judicial sea democrático" pero hay que tener "cuidado a ver cómo se hace, porque puede ser peligroso".