Rechazaron la cautelar por la distribución de vacunas a privados en la Ciudad

El juez Lisandro Fastman rechazó la medida impuesta por una abogada por los convenios de la Ciudad con el sector privado para la distribución de dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La Justicia rechazó este lunes la medida cautelar para que se suspenda de inmediato la ejecución de los convenios y/o contratos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubiera suscripto con instituciones privadas para la provisión de vacunas contra el coronavirus.

Así lo resolvió el magistrado subrogante del Juzgado n.º 19 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Fastman, de acuerdo con el portal IJudicial.

El magistrado decidió rechazar la medida cautelar peticionada por una abogada en causa propia, a raíz del cronograma de vacunas en la Ciudad de Buenos Aires y los convenios suscriptos con el sector privado. Todo ello en el marco de la causa “F., L. M. contra GCBA sobre Amparo – Salud – Medicamentos y tratamientos”.

La acción de amparo se inició contra el Gobierno de la Ciudad para que “se declaren nulos los convenios privados suscriptos a fin de la provisión y aplicación de vacunas contra el Covid-19, por considerar que esa conducta incumple las directivas de distribución establecidas en el ‘Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19’, aprobado por la Resolución Nº 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, al excluir del sistema de salud pública las dosis recibidas del Ministerio de Salud de la Nación – Estado Nacional, en favor de obras sociales y empresas de medicina prepaga”.

La abogada fundó su legitimación en su calidad de vecina de la Ciudad de Buenos Aires y afirmó encontrarse en la categoría “riesgo de enfermedad grave”, y en este marco solicitó el dictado de una medida cautelar para que “se suspenda de inmediato la ejecución de los convenios y/o contratos que la demandada hubiera suscripto con las instituciones privadas”.

En la resolución, el juez argumentó que “el objetivo del plan (de la Ciudad) es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados por la pandemia de Covid-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas” y añadió que “la vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo definida, independientemente de la cobertura que tengan” y que “se puede establecer un esquema de priorización para la organización de la vacunación de la población objetivo, considerando que la vacunación será coordinada desde el sector público con articulación intersectorial que incluye al sector privado, la seguridad social, alcanzando a toda la población que habita en el país”.

Fastman también señaló que “la edad denunciada por la amparista (64), la coloca con derecho a ser vacunada, más no en la actual etapa que transita la estrategia de vacunación diseñada por la Autoridad Sanitaria Local, que se encuentra vacunando a otros grupos prioritarios”.

“De esta manera, siendo su propia edad lo que la excluye, por el momento, de la etapa de vacunación vigente, mal podría acreditar una discriminación en el modo en que se habrían distribuido las dosis recibidas del Estado Nacional en diversos efectores de salud no estatales, ya que ello no podría generarle a priori ningún tipo de afectación directa a su situación particular, más allá de su disconformidad con el sistema que por la presente cuestiona e impugna”, completó el magistrado.