Barras y dirigentes de River a juicio por amenazas a Pezzotta
Once imputados se sentarán en el banquillo por el hecho sucedido en el entretiempo del partido en el que el club de Núñez perdió la categoría en 2011.
El año pasado, la Sala I de la Cámara del Crimen procesó por amenazas al vocal de River Plate Néstor Morelli; al jefe de seguridad, Gabriel Riccio; a Francisco Bierniakowicz, supuesto nexo entre el club y la barra brava; y al policía Federal Matías Ponce. En la causa también se confirmó el procesamiento de cuatro barras bravas, quienes fueron filmados cuando se dirigían al vestuario del árbitro Pezzota, Martín "Martín de Ramos" Araujo, Juan Carlos "Chimi" Leguizamón, Sergio Medina y Flavio Raguzzi.
También está acusado Hernán Javier García, a quien la Sala I de la Cámara le confirmó el procesamiento por el delito de "amenazas coactivas" a raíz de quedar registrado en una escucha telefónica en la que aseguró que los dirigentes de River "nos plantearon ir a apretar al árbitro".
En primera instancia el juez de instrucción en entonces a cargo del caso, Rodolfo Cresseri había procesado a los barras pero dictado la falta de mérito de los dirigentes. En caso de recaer condena, el delito de amenazas prevé una pena de hasta dos años de prisión.
Los hechos tuvieron lugar el 26 de junio de 2011, en el entretiempo del partido en que River jugaba con Belgrano de Córdoba en el Monumental, y un grupo de barras bravas con la anuencia de los dirigentes involucrados se dirigió al vestuario de Pezzota, y lo intimidaron para que favorezca al equipo millonario mediante su arbitraje.
River empató 1 a 1 con Belgrano y descendió por no alcanzar la diferencia que sacó el rival en el primer encuentro de ida en Córdoba.
En ese mismo partido fue que se generaron los incidentes en el estadio y en sus cercanías, y a raíz del cual se le abrió una causa penal a Daniel Passarella, presidente de River, por no tomar recaudos de seguridad y por permitir el ingreso de personas más allá del límite de capacidad permitida.
Pocos días después se conoció por un informe que el propio árbitro presentó ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que había sido amenazado en su vestuario, tras lo cual se inició la causa por amenazas.
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