Ley de Alquileres: "Muchas veces los contratos que se firman son leoninos sin mucho para negociar para los inquilinos"
En el Congreso de la Nación se define cómo será la nueva Ley de Alquileres.
Luego de las reuniones informativas en las que pasaron más de 120 expositores en representación de las distintas partes involucradas por la Ley de Alquileres, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados trabajará la semana próxima en lograr un dictamen con el mayor consenso posible sobre las modificaciones a la actual normativa.
En las reuniones informativas participaron cientos de inquilinos, urbanistas, universidades, martilleros y representantes del mercado inmobiliario. Estos últimos insisten en que se debe reducir el plazo de los contratos de tres a dos años, como era previo a la ley, y que la actualización sea semestral. En tanto, los inquilinos defendieron el plazo de tres años y reclamaron mayor control estatal para hacer cumplir la ley vigente.
“Siempre que hablamos de alquileres es difícil porque hay intereses encontrados muy fuertes y eso genera rigidez. Hay dos posturas muy claras en disputa: una que valida el rol y lo vulnerable que son los inquilinos y las inquilinas en esta relación y la otra que prácticamente defiende el modelo comercial que tiene a la vivienda como un negocio sin reconocerla como un derecho humano que debe ser garantizado”, opina Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
De acuerdo a una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional publicada en 2022, el 91% de los consultados afirmó que el mercado incumple la Ley de Alquileres y un 98% dijo que el Estado no la controla.
Para la funcionaria “en Argentina hay aproximadamente nueve millones de personas que alquilan y muchas veces los contratos que se firman son leoninos sin mucho para negociar ni para debatir del lado de los inquilinos frente a una necesidad imperiosa que es la de tener un techo donde vivir”.
Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 19% de los hogares de todo el país son inquilinos. Ushuaia encabeza la lista con el 40%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con el 36% y este fenómeno se repite en el resto del país: Río Gallegos (28,2%), Bahía Blanca (26,3%), Neuquén (25,8%), Córdoba (25,5%) y La Plata (23,9%), entre otros.
A esto se le suma que el peso del alquiler en los ingresos de esos hogares se incrementó entre 2015 y 2021. La pandemia evidenció esta tendencia: en 2020 casi un tercio de los hogares bonaerenses dejó de pagar o tuvo problemas para cubrir los costos de los servicios de la vivienda.
El último relevamiento de mercado del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) indica que se necesitan 40.000 pesos para alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, 48.500 pesos para un departamento de dos ambientes y 70.000 pesos para uno de tres.
“Casi el 45% del ingreso familiar se va en el alquiler, que es un monto muy alto. Y estamos hablando de que cuando son jóvenes representa casi el 77% del ingreso y obviamente esto afecta mucho más a las mujeres que están solas, que están a cargo de los hijos”, sostiene Gómez Mirada, dirigente que integra el Grupo Callao y el Movimiento Unidad Popular (PJ).
En este sentido, advierte que con la Ley de Alquileres se creó el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal, que no se está implementando. “Hay muchas herramientas que el Estado debe poner en práctica en este tema como los créditos hipotecarios para garantizar el derecho a la vivienda que es un derecho humano”, concluye.
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