Argentina presentó la apelación contra los fondos buitre

Economía

El país busca que se rechace la orden de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ratificó el fallo del juez Griesa, que obliga a pagar a los tenedores de bonos en default.

El gobierno argentino presentó este martes una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la disputa que lleva adelante contra fondos buitre

"La República Argentina presentó hoy una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitando que revise las decisiones erróneas de los tribunales inferiores que prohíben a nuestro país efectuar el pago de los cupones de deuda en cumplimiento, que se está pagando en tiempo y forma conforme a sus términos, a menos que pague en su totalidad a los acreedores que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda argentina (los llamados "holdouts")", sostuvo el Palacio de Hacienda a través de un comunicado de prensa. 

Según las autoridades nacionales, "estas decisiones violan la soberanía de la República Argentina al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana". 

Si bien el plazo formal para que Argentina realice la apelación contra el pronunciamiento del juez neoyorquino Thomas Griesa vencía el lunes, la presentación se concretó este martes debido a que ayer es feriado nacional en los Estados Unidos, por el Día de los Presidentes, y la Corte permaneció sin desarrollar actividades. 

El experimentado letrado en temas del máximo tribunal Paul D. Clement, es quien está detrás del armado de la presentación que concretará el país que busca rechazar la orden de la Cámara de 
Apelaciones de Nueva York que ratificó la presentación de los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes. 

El método previsto por el juez Griesa por un monto cercano a 1.330 millones de dólares -en concepto del 100% por los títulos en default que mantienen en su poder-, prevé el uso de fondos destinados por Argentina a los pagos de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010

La estrategia del gobierno nacional es conseguir que la Corte Suprema de EE.UU. tome el caso en consideración. Una vez logrado el objetivo inicial, la búsqueda estará centrada en lograr que el máximo tribunal rechace el fallo del juez Griesa, basándose en la inequidad que esto implicaría para los bonistas que sí ingresaron a las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. 

En este marco, el gobierno nacional ya tiene el aval del Congreso para poner en marcha una reapertura del canje de deuda -el tercero desde 2005- para dar lugar al ingreso del 7 por ciento de 
los acredores que aún no lo hicieron. 

Entre los letrados que representan al país en esta causa se destaca la presencia de Paul Clement, quien se sumó hace unos meses a la causa, además del tradicional estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. 

El letrado, con vasta experiencia en litigios de índole financiera, se desempeñó como Procurador General de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush y es reconocido por haber llevado ante el máximo tribunal cerca de 70 casos, sumando así el récord de haber argumentado desde el año 2000 más juicios que cualquier otro abogado dentro o fuera del gobierno en causas ante la Corte Suprema. 

Clement, fue asimismo reconocido en 2012 como el Abogado del Año por el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia y elegido en el 2013 por el National Law Journal, como uno de los 100 
letrados más influyentes de Estados Unidos, según detalló la biografía publicada en la firma Bancroft, de la cual es socio. 

Una vez hecha la apelación, la Corte Suprema podría pedir a la administración del presidente Barack Obama que emita opinión en el  caso. 

Tiempo atrás, el gobierno estadounidense ya emitió opinión en otra causa en la que intervienen los mismos actores, luego que Argentina presentara en enero del año pasado un recurso extraordinario sobre un fallo del tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que avaló el pedido de un fondo buitre para la difusión de información de activos de un Estado extranjero. 

En esa oportunidad, el fiscal General del Estado, Donald Verrilli, sostuvo que al apoyar la orden, la Corte de Apelaciones de Manhattan "permitió erróneamente" la producción de pruebas de activos de un Estado extranjero, ubicado fuera del territorio norteamericano, por lo que la petición de Argentina de rechazar el pedido debía ser concedida. 

Bajo este marco y dentro de los procedimientos habituales, la Corte Suprema en Washington citó días atrás a participar de una audiencia a representantes del gobierno argentino y de los holdouts. 

Las partes deberán presentarse el próximo 21 de abril para hacer sus descargos sobre este aspecto del litigio, que responde específicamente a lo que se conoce como "discovery" (pedido de 
información) de activos de un Estado extranjero, fuera de los Estados Unidos.

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