El Banco Central denunció en la Justicia federal la existencia de una supuesta organización delictiva en la "city" porteña que estaría conformada, entre otros, por "803" denominados "coleros" que compran dólares en forma "clandestina" y así ayudan a evadir los controles fiscales.
La entidad bancaria madre del Estado nacional radicó esta denuncia luego que la semana pasada debió desprenderse de casi mil millones de dólares de sus reservas para frenar el precio de la divisa norteamericana, ante la fuerte demanda de los ahorristas e inversores por el billete verde.
La presentación de la entidad presidida por Martín Redrado aseguró haber detectado la "realización de operaciones de cambio no genuinas" por parte de más de dos decenas de "personas físicas suspendidas para operar en cambios de divisas" y "803 operadores –comúnmente denominados ‘coleros’- que respondían a las instrucciones de los organizadores de la operatoria".
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En ese sentido, el banco señaló como responsables a "aquellos destinados a reclutar a esos individuos para que a cambio de una suma de dinero les permitan la utilización de sus documentos de identidad" y así, prosiguió, "encubrir la identidad y mantener en el anonimato al real comprador de la moneda extranjera".
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Como epicentro de la operatoria perjudicial para las cuentas públicas, el Central señaló "la intersección de las calles Sarmiento y San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" aunque admitió que podría haber un "eventual traslado de los involucrados hacia otras entidades cambiarias que operan en el área de influencia, sobre la calle San Martín hasta Marcelo T. de Alvear, por ejemplo".
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El banco admitió que hubo un "incremento significativo" desde julio de 2007 " de la cantidad y volumen de transacciones de venta de cambio" en volúmenes que generalmente no superan los 10.000 dólares para evitar que deban ser informadas de acuerdo a las normas de Prevención de Lavado de Dinero.
La denuncia del Banco Central fue presentada en la Procuraduría General de la Nación, que la reenvió a la Justicia federal para que sea adjudicado un juzgado mediante sorteo. Finalmente recayó en el juzgado federal número uno de María Romilda Servini de Cubría.
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