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El Gobierno financiará a las clínicas y sanatorios

Economía

*Durante la crisis de 2002, se declaró la emergencia médica que continúa hasta hoy.
*Las empresas adeudan al Estado algo más de mil millones de pesos en impuestos que gozarán de un financiamiento a 15 años.

Ginés gonzáles garcía-DyN
Ginés gonzáles garcía-DyN DyN
Con la crisis económica que se sucedió en la Argentina durante 2002, en el sector médico se declaró una emergencia sanitaria que aún está vigente y que les permitió a los sanatorios y clínicas suspender el pago de impuestos, por lo que el Gobierno prepara actualmente un salvataje para el sector de algo más de mil millones de pesos.

Se trata de la posibilidad que tendrán las empresas de salud privadas, obras sociales nacionales, laboratorios, geriátricos y servicios de emergencia médica de cancelar sus deudas en un máximo de 15 años y con un interés del 6% anual, asegura el diario Clarín.

  A 15 años y con un interés del 6% anual, las empresas de salud privadas pagarán sus impuestos impagos desde 2002.  

Aunque los prestadores médicos no sólo son deudores, también son acreedores del Estado. El Gobierno les adeuda a este sector, según sus propios cálculos algo así como $700 millones, cifra que a entender de los privados llegaría a $1.500 millones. Y mientras estos números se verifican, el Gobierno comenzó a cancelar su deuda con bonos que el sector privado podrá utilizar para pagar sus propias deudas.

"Se busca regularizar el endeudamiento del sector y no tener que ir prorrogando la emergencia sanitaria, que no tiene razones de existir por razones sanitarias. La Emergencia ayudó a preservar el servicio de salud en un momento crítico ya que se permitió que la AFIP no accionara a cambio de que los prestadores mantuvieran la atención médica", aseguró el ministro de Salud, Ginés González García.

El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado y que ahora espera la reanudación de las sesiones en Diputados, estipula que "la AFIP podrá ejecutar, sin restricción alguna, las obligaciones tributarias adeudadas que no se hubieran regularizado", y que de dicho beneficio están excluídas las empresas en estado de quiebra y los querellados y denunciados penalmente.

En tanto que también establece que “las empresas deberán renunciar o desistir de los juicios o procedimientos administrativos entablados contra el Estado pidiendo un ajuste por inflación". A la vez, la AFIP renunciará a los juicios que ha entablado contra las empresas privadas.

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