El fallo de Griesa es "una intromisión sin precedente"
El Gobierno sostiene, además, que la sentencia que obliga a pagar el 100% a los holdouts "pone en riesgo el proceso de reestructuración de la deuda soberana".
La presentación argentina que este viernes fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Nueva York atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia que había confirmado decisiones del juez de primera instancia Thomas Griesa, que había ordenado pagar toda la deuda a los holdouts y que, a criterio del país, "afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema", además de constituir "una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio"..
En primer lugar, el escrito sostenía que "si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EE.UU, sino también fuera de su territorio, (esto) supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley".
El segundo punto afirma que, "si una Corte Federal puede emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, va así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias".
Con ese escrito, el Gobierno aseguraba que seguía "maximizando los recursos legales que le han permitido rechazar los intentos de los buitres de cobrar por un lado, y por el otro seguir cumpliendo con los pagos comprometidos por los canjes de 2005 y 2010", según le explicaron en su oportunidad a minutouno.com voceros del Ministerio de Economía.
Lorenzino había adelantado, en este sentido, que el Gobierno recurrirá "a todas las instancias legales que sean necesarias, incluida la de la Corte de los EE.UU., para cumplir con los acreedores que confiaron y confían en la Argentina".
Para la Argentina, la decisión de la Cámara que en su momento avaló la sentencia de Griesa representaba "una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio", según sostenía el escrito que hoy fue rechazado.
El documento agregaba que, al comprometer los pagos del canje para abonarle a los fondos buitre, "la decisión también pone en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntaria, que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad financiera internacional".
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