Este viernes Argentina presenta propuesta para fondos buitres

La nueva oferta es en respuesta a un pedido que emitió el 1 de marzo ese tribunal de los Estados Unidos, luego de los alegatos que tuvieron lugar en la audiencia oral celebrada el 27 de febrero en Nueva York.

Durante ese trámite judicial la Argentina manifestó su voluntad de lograr un acuerdo con este grupo de bonistas, pero bajo condiciones "razonables".

El mismo 1 de marzo y frente a la Asamblea Legislativa la presidenta Cristina Fernández anunció que el país hará una propuesta de pago pero sin violar leyes argentinas (en alusión a las restricciones que impone la Ley Cerrojo") y por ende "bajo las mismas condiciones" puestas a consideración de los bonistas en la operación realizada en 2010.

Las demandas de los fondos tuvieron fallos favorables en el tribunal de primera instancia a cargo de Thomas Griesa, quien aceptó que la Argentina violó la cláusula de "igual tratamiento" (pari passu) al país ignorar a los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 y ordenó que se les abone en efectivo y en un sólo pago el total de 1.330 millones de dólares.

La medida fue apelada ante la Cámara por la Argentina, la que en primera instancia ratificó el fallo de Griesa (sobre el no cumplimiento de la cláusula de pari passu) pero le ofreció una nueva posibilidad al país al solicitarle que realice una propuesta de pago.

En principio se especuló con la posibilidad de una segunda reapertura del canje 2005, pero las trabas que impone la Ley Cerrojo (impedía realizar nuevas ofertas) habrían hecho al Gobierno desistir de esta salida.

Por estas horas, la versión de mayor cuerpo sugiere que se ofrecerían directamente bonos de similares características a los Par o Discount que se entregaron en 2005 y 2010 amparados en que la Ley Cerrojo no alcanza a la obligatoriedad de tener que cumplir con un fallo judicial.

El martes 26 de marzo la Corte de Nueva York rechazó el pedido de la Argentina para que el falló del tribunal que lleva el caso compuesto por tres jueces sea revisado por un Plenario del cuerpo integrado -"en banc", en términos judiciales- por trece magistrados de ese circuito.

Por ende, en caso que la sentencia no satisfaga los intereses nacionales al Gobierno sólo le quedará la opción de elevar una nueva apelación esta vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.