Jorge Taiana publicó en Ámbito una nota sobre las retenciones

La nota completa:

El afán del Gobierno de Milei de utilizar al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos pareciera no tener freno. Esta vez, el golpe fue directo al campo, más precisamente a los productores.

Hace menos de una semana, mientras el vocero presidencial, aseguraba que “la vieja política busca generar incertidumbre (sic) para boicotear el programa de gobierno”, anunciaba retenciones cero para los granos hasta el próximo 31 de octubre. Pero la medida duró apenas tres días y el beneficio impositivo excluyó al primer eslabón de la cadena: los productores, en especial a los pequeños y medianos.

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En ese breve lapso, unas pocas grandes cerealeras y exportadoras declararon exportaciones futuras sin retenciones por más de u$s7.000 millones equivalentes a casi 20 millones de toneladas de granos. Existen fuertes dudas sobre si realmente cuentan en su poder con ese volumen o si la producción que aún deban adquirir la comprarán más barata, esta vez, con una retención del 26%. El resultado fue contundente: en apenas tres días obtuvieron una ganancia neta superior a los u$s1.500 millones, mientras que el Estado dejó de percibir ingresos fiscales por el mismo monto.

A través de una maniobra que desoye al Poder Legislativo, el Gobierno de Milei suspendió la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad bajo el argumento de “no hay plata”. No hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan ni las universidades públicas, pero sí para regalar más de u$s1.500 millones a las grandes cerealeras con el objetivo de sostener el actual esquema cambiario durante el proceso electoral.

Estos más de u$s1.500 millones representan los fondos que hoy faltan para financiar la obra pública, completamente paralizada por este Gobierno y cuya ausencia también golpea a la producción agropecuaria. Basta con mirar la Ruta Nacional 33, vital para el sector al conectar los puertos de Bahía Blanca y Rosario y que permanece en estado de abandono. Son también los recursos que faltan para desarrollar la infraestructura necesaria para incrementar la producción y las exportaciones, como, por ejemplo, la construcción del Canal de Magdalena, una obra estratégica en materia de soberanía, que además potenciaría la competitividad comercial de nuestro país.

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Milei anunció la vuelta de las retenciones.

Apostar a un futuro de bienestar nos interpela a pensar un país sobre bases sólidas de desarrollo para el siglo XXI. Pero antes, resulta imprescindible poner un freno a la estafa que encarna el modelo económico de este gobierno, cuya política central es el endeudamiento. Una política que se traduce en la ausencia de medidas para dinamizar el mercado interno, en resignar una política industrial, en una caída abrupta en la inversión en ciencia y técnica y en la falta de una política agropecuaria. En este sentido, el desmantelamiento del INTA no obedece a criterios de eficiencia económica, sino a una decisión puramente ideológica que pone en riesgo el futuro agropecuario de la Argentina. Esta política ha debilitado a una institución descentralizada, autónoma y con profundo arraigo territorial, clave para incorporar valor agregado al sector.

El modelo económico actual, destructivo e inestable, está estrechamente ligado a una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos, que desconoce que, como advirtió el Papa Francisco, estamos atravesando un cambio de época.

El mundo unipolar liderado por ese país ya no existe: hoy transitamos un escenario multipolar, con múltiples actores disputando hegemonía. Al mismo tiempo, la financiarización global provocó una fragmentación económica y comercial que reconfiguró la globalización, dando lugar al resurgimiento del proteccionismo y a la proliferación de medidas arancelarias que afectan las cadenas de valor y generan reglas cada vez más imprevisibles e injustas. Esta política exterior, además, se complementa con una lógica de endeudamiento serial que limita las perspectivas de desarrollo, compromete nuestros recursos y restringe el ejercicio pleno de la soberanía, hipotecando el futuro del país, especialmente el de las nuevas generaciones, que deberán afrontar una deuda impagable y las condiciones que pretendan imponer los acreedores.

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La pérdida de autonomía en nuestras decisiones se ejemplifica con el claro lobby de los grandes farmers estadounidenses: las retenciones volvieron apenas Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, lo exigió públicamente en la plataforma X, en pleno marco de las negociaciones por el swap con ese país.

Una política agropecuaria que realmente favorezca a los productores depende del desarrollo de una matriz productiva federal, inclusiva y territorial que genere valor agregado, en la que el trabajo argentino y la inversión en ciencia, técnica e innovación sean el núcleo diferencial. Un país productor de alimentos no puede aceptar que las importaciones crezcan de manera exponencial, poniendo en riesgo a sus propios productores. Al mismo tiempo, resulta imprescindible garantizar la obra pública, ya que el abandono de rutas e infraestructura incrementa los costos logísticos y de producción, en detrimento de la competitividad. A este escenario se suma la pérdida estratégica que significó no ingresar a los BRICS, renunciando a un bloque que concentra más del 50% de la población mundial.

Tenemos el desafío de producir más y con mayor valor agregado. Para ello, es necesario reconocer la diversidad de actores de las cadenas agroindustriales, sumar nuevos productores y diversificar la producción. En este camino, resulta fundamental defender y potenciar las economías regionales, verdadero motor del desarrollo. Solo así podremos construir un modelo productivo equitativo y evitar que el ingreso de dólares dependa exclusivamente del sector agroexportador.

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