Un fallo judicial, a favor de la sindicalización de la Policía
La Cámara Laboral revocó una resolución del Ministerio de Trabajo en la que se rechazaba la inscripción gremial a una asociación de policías de Córdoba.
Fuentes judiciales confirmaron que la Sala Segunda, con las firmas de los jueces Graciela González y Miguel Ángel Pirolo, revocó esas prohibiciones y allanó el camino para que el sindicato pueda ser inscripto como entidad gremial.
Las razones
La sentencia de la Cámara facilita el camino hacia el reconocimiento de la agrupación de los policías, aunque todavía no significa que tenga personería gremial ni las prerrogativas de una entidad sindical, explicaron fuentes en tribunales.
Días atrás la Policía de Córdoba se acuarteló en reclamo por mejoras salariales. Como resultado, se produjeron saqueos en diferentes puntos de la Provincia y la situación reavivó el debate sobre los derechos laborales de los miembros fuerzas de seguridad, y si pueden tener organizaciones gremiales.
Una de las principales objeciones al sindicato policial es que representaría a un cuerpo formado por miles de hombres y mujeres armados legalmente, algo que diferencia al universo de representados de cualquier otro ámbito de la actividad pública o privada.
Hoy en día, ninguna policía en la Argentina, ya sea nacional o provincial, tiene personería gremial ya que el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas con esa intención.
En los considerandos de los rechazos, el Ministerio dejó asentado que "la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías".
En el caso de Córdoba, hay una apelación en manos de la Corte Suprema de la Nación, para resolver el caso de Adriana Rearte, una empleada policial que denunció haber sido despedida por su actividad gremial, y obtuvo un fallo favorable de un juez de primera instancia para la creación de un sindicato policial. El caso pasó por la Cámara que lo revocó y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y está ahora a la espera de un fallo de la Corte Suprema.
Hay otro caso que debe resolver la Corte. En 1998 el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo y el entonces ministro Antonio Erman González, y luego Graciela Camaño, rechazaron el pedido. El caso llegó a la justicia.
Así la Sala V de la Cámara del Trabajo afirmó en 2008, que "su situación (de los policías) no es asimilable sin más a las de los trabajadores previstos en la normativa general".
El expediente actualmente está en manos de la Corte para dictar sentencia. Los borradores ya pasaron por cinco de los siete integrantes del alto tribunal, según consignaron fuentes judiciales, y en diciembre del año pasado la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen negativo.
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