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El caso de corrupción que salpica las campañas políticas en Chile

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Involucra a un reconocido grupo económico. Es la primera vez en los últimos 30 años que en el país vecino empresarios de ese calibre son llevados a la Justicia por delitos tributarios.

El caso de corrupción que salpica las campañas políticas en Chile
El caso de corrupción que salpica las campañas políticas en Chile
La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, salió a la luz a partir de una investigación de la Fiscalía a los principales socios del Grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por unos 20.000 millones de dólares.

La sospecha es que los dueños de Penta cometieron un delito tributario para otorgar de manera irregular recursos económicos a campañas electorales.

Por primera vez en los últimos 30 años en Chile, que los dueños de un grupo económico y un exsubsecretario de Gobierno, son llevados ante la justicia por delitos económicos.

Acusados de soborno y delitos tributarios, la Fiscalía chilena pidió prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Penta.

También solicitó la misma medida para Iván Álvarez, un ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), quién ya se encuentra en la cárcel acusado de fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).

Los otros seis imputados son Manuel Antonio Tocornal, gerente general corporativo, Marcos Castro Sanguinetti, gerente de Contabilidad y Carlos Bombal, actual asesor del grupo económico, exsenador y dirigente histórico de la UDI.

Además, Samuel Irarrázaval Larraín, representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Juan Martínez Céspedes, exfiscalizador del SII y Hugo Bravo, exgerente general de Penta, que tras ser despedido denunció las triquiñuelas legales de sus antiguos empleadores.

Brasvo fue quien abrió el capítulo político del caso al denunciar ante el Ministerio Público que el grupo financiaba las campañas de la UDI con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.

El denominado caso Penta reabrió el debate sobre si el Estado debe o no financiar las campañas, mientras el Congreso tramita un proyecto que reforma el sistema electoral.

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