Evo quiere castigar con azotes y el destierro
*Castigos como chicotazos, trabajos para la comunidad o el destierro podrían tener rango legal en Bolivia.
*La peculiar forma de hacer justicia está contenida en un proyecto del gobierno del presidente Evo Morales.
*Argumentan que es una milenaria forma de hacer justicia.
Castigos con chicotazos, trabajos para la comunidad o el destierro podrían tener rango legal si prospera la iniciativa del gobierno de Evo Morales de introducir el denominado "pluralismo jurídico" en la legislación boliviana.
El destierro también era un castigo corriente en la Grecia clásica, cuando "el mundo" se circunscribía a unas pocas ciudades.
Las constantes denuncias de corrupción, elevados honorarios de los abogados y lentitud, que pesan sobre la justicia ordinaria, son corrientemente contrapuestas a la celeridad, gratuidad y carácter participativo de la justicia en las comunidades campesinas, más de 12.000 en todo el país.
Con todo, uno de los estigmas que pesa sobre las prácticas judiciales alternativas son los linchamientos. En la ciudad de El Alto —vecina a La Paz— hay muñecos colgados en los postes de luz con la leyenda: "Vecinos alerta, los ladrones serán linchados". Y, para los críticos, detrás de la fachada de la justicia comunitaria en Bolivia hay pena de muerte sin ley ni proceso.
Recientemente, el ex diputado indigenista Felipe Quispe, admitió que "la pena de muerte llega cuando la víctima no enmienda su conducta a pesar de una primera reflexión y una segunda, seguida de chicotazos". Por eso, desde el gobierno salieron a poner límites.
"La justicia comunitaria ha existido siempre, sólo que ha estado invisibilizada. No tiene nada que ver con los linchamientos", manifestó la ministra de Justicia y ex dirigente campesina Celima Torrico, publicó hoy el diario Clarín.
El director de Justicia Comunitaria, Petronilo Flores, aclaró a su vez que "los chicotazos sólo deben ser simbólicos. No se puede permitir dejar marcas en el sancionado porque ello significaría violar los derechos huma nos".
Los defensores de los "usos y costumbres ancestrales" argumentan que se trata de reestablecer el equilibrio en la comunidad y que los indígenas no hablan de delitos sino de "errores" que es posible reparar.
En un informe del diario paceño La Prensa, el mallku de una población del lago Titicaca cuenta que la única forma de esclarecer un crimen ocurrido en 2006 fue dejar al acusado toda la noche en el cementerio: "Allí los cerros sagrados y el ánima del finado lo hicieron entrar en razón y al siguiente día contó todo. Como castigo debió cederle a la viuda parte de sus terrenos, diez cabezas de ganado y comprometerse a mantener a sus hijos".
En casos de adulterio, suele optarse por un castigo vergonzoso. Por ejemplo, el hombre o la mujer afectados aplican tres chicotazos a su pareja, arrodillada en la plaza del pueblo, frente a toda la comunidad.
Ahora, está en manos de la Asamblea Constituyente pensar la compleja articulación entre justicia comunitaria "en las planeadas autonomías indígenas" y justicia estatal, como parte del Estado "plurinacional".
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