El canciller Luis Almagro consideró que la decisión argentina de denunciar al país ante la Corte de La Haya es "desproporcionadamente costosa" y atenta contra "la buena fe de los tratados".
"Es infundado sostener que esta autorización constituya una violación de nuestras obligaciones internacionales o una ruptura unilateral del mecanismo de consultas (...). Por el contrario, se trata de la conclusión de un extenso proceso de análisis y consultas realizados desde 2011 y canalizado a través de los organismos nacionales competentes", indicó Almagro.
Uruguay anunció el viernes que autorizaba a la planta papelera de UPM incrementar su producción hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas al año, lo que provocó la respuesta de Argentina, opuesta desde su construcción en 2005 al funcionamiento de la misma.
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Con un tono muy rígido, Almagro rechazó que la decisión uruguaya pueda ser "inamistosa" hacia Argentina, ya que para su Gobierno la amistad entre ambos países es un "mandato irrenunciable", aunque reconoció que problemas bilaterales como el de las papeleras se vienen dando ya desde 1813 y las luchas por la independencia.
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El canciller apuntó sin embargo que fue Argentina quien no actuó de buena fe en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo bilateral que gestiona el uso del río fronterizo compartido, al negarse a aprobar en su seno "proyectos de aumento de producción de UPM y otros proyectos para la navegación dentro de los plazos previstos".
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"El cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales no es compatible con generar con la vía de los hechos un derecho de veto que no existe", añadió el canciller.
Asimismo, Almagro expresó su "sorpresa" por la "reevaluación" de las relaciones anunciado por Timerman, y esperó que eso no implique el "abandono unilateral" por Argentina del diálogo entre ambos.
El canciller expresó así su deseo de constituir una mesa de diálogo conjunta para poder abordar todas las cuestiones bilaterales que "ocasionen diferencias o controversias" para "procurar soluciones mutuamente aceptables" para ambos.
"Uruguay está dispuesto a negociar sin dilaciones, de la misma forma que no hemos dilatado las decisiones que correspondían para autorizar y favorecer el desarrollo productivo nacional de las inversiones de UPM y otros proyectos que cumplan con las exigencias legales nacionales", añadió.
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