Sesiona en Brasil la comisión que decidirá si Dilma debe o no enfrentar un juicio político

La comisión parlamentaria que analiza si existen méritos jurídicos para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, comenzó este lunes en el Congreso, en Brasilia, una sesión que acabará con una votación crucial para el futuro del proceso, prevista inicialmente para las 17.

La comisión, integrada por 65 diputados, deberá votar el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien ha recomendado que se avance hacia un juicio contra la presidenta por maniobras fiscales consideradas ilegales, pese a la opinión contraria del gobierno, que califica el proceso de "golpe".

El legislador aseguró en su intervención que las denuncias contra la mandataria "son de una elevada gravedad", y añadió que su decisión de recomendar que el proceso continúe se fundamentó en "los serios indicios de delitos cometidos desde la Presidencia", referidos a maniobras fiscales consideradas ilegales que permitieron maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015.

El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, respondió a su turno que el proceso "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa".

"Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró, para apuntar que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".

Posteriormente hablarán los jefes de los grupos de los 25 partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados y finalmente se procederá a la votación, lo cual se calcula que puede ocurrir tras unas diez horas de debate.

Si el informe presentado por Arantes es aprobado por una mayoría simple, pasará al pleno de la Cámara de Diputados, que lo votará a lo largo de tres sesiones que se espera que comenzarán el próximo viernes y concluirán el domingo.

Ante la posibilidad de concentraciones a favor y en contra del proceso, se han instalado vallas de dos metros de altura a lo largo de un kilómetro, entre la sede del Congreso y el inicio de la llamada Explanada de los Ministerios.

Así, la céntrica avenida que concentra todos los edificios del poder público en Brasilia ha quedado dividida en dos, para separar las movilizaciones de los partidarios del juicio político y de quienes se oponen.

Todas las proyecciones de la prensa local y los analistas adelantan que el informe de Arantes será aprobado en la comisión, por lo que el proceso debería proseguir en el plenario de la Cámara baja.

La oposición necesita 342 votos para cubrir los dos tercios requeridos por la Constitución para elevar el proceso al Senado, que es la cámara juzgadora.

El Senado debe votar por mayoría simple si acepta o rechaza el proceso y en caso positivo la mandataria tiene que tomar licencia de 180 días hasta que la cámara alta vote nuevamente sobre su destitución, pero esta vez necesita dos tercios de los 81 legisladores.

La dirección del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer decidió pasarse a la oposición, pero su bloque de Diputados tiene bastantes fieles al gobierno, como el jefe de la bancada, Leonardo Picciani.

Paralelamente, esta semana también debe continuar la negociación para montar una comisión de juicio político contra Temer, como ordenó el juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) Marco Aurelio Mello, que obligó a Cunha tomar con el vicepresidente el mismo criterio que usó con Rousseff sobre los decretos de créditos internos dentro del presupuesto que configurarían delito de responsabilidad.