Pena de muerte a los 6 acusados de contagiar sida a 400 niños
- Libia confirma la pena de muerte para los sanitaristas extranjeros que infectaron el VIH.
- El caso aún puede ir al Consejo Judicial Superior, un órgano controlado por el gobierno.
El Tribunal Supremo libio ha confirmado la pena de muerte de las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino acusados de haber infectado con el virus del sida a más de 400 niños del país.
En mayo de 2004, las enfermeras búlgaras y el médico palestino fueron condenados a muerte y, tras varios juicios, en diciembre de 2006 la pena fue confirmada.
La sentencia se basa en declaraciones autoinculpatorias de dos de las enfermeras que, sin embargo, aseguran que éstas les fueron arrancadas bajo tortura.
A los sanitaristas todavía les quedaría una última opción. Ahora que el Tribunal Supremo ha confirmado la pena, se espera que el caso sea trasladado al Consejo Judicial Superior, un órgano controlado por el gobierno, que tendrá el poder de conmutar la sentencia o, incluso, perdonar a los acusados. Esta será la última instancia.
La decisión del Alto Tribunal llega tan sólo un día después de que surgiesen esperanzas de un acuerdo. Este mismo martes la Fundación Gadafi —dirigida por Seif El Islam, uno de los hijos del líder libio Muamar Al Gadafi— anunciaba que había llegado a un acuerdo con las familias de los niños que "pone fin a la crisis".
El portavoz de la fundación señaló que las enfermeras y el médico podrían ver conmutadas sus condenas en penas de cárcel, lo que permitiría abandonar el país en virtud del tratado de extradición existente entre Bulgaria y Libia.
Según la fundación, las familias están de acuerdo con las propuestas de la Unión Europea para resolver el caso, aunque no dio detalles del compromiso.
La UE había propuesto a Libia sostener el fondo internacional creado en 2005 para ayudar al país magrebí a combatir la enfermedad, construyendo un centro inmunológico en la localidad de Bengasi.
Hasta ahora, los familiares de los niños afectados exigían el pago de unos 10 millones de dólares por cada familia. Bulgaria y el resto de la UE rechazaban esa petición porque su consentimiento significaría reconocer la culpabilidad de los cooperantes sanitarios, que se han declarado inocentes.
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