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"Adecuapolica Global"

El diputado nacional por Nuevo Encuentro analiza los alcances de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la ley de Medios de la democracia.

Adecuapolica Global
Escribe Gastón Harispe (*)

Cuando el Grupo Clarín tuvo la oportunidad de explicarse frente a la Corte Suprema de Justicia, erró el argumento al fundamentar la libertad de expresión en la sustentabilidad de una empresa. Este fundamento fue rechazado de plano por la mayoría de los jueces en esa instancia. Cabe preguntarse ¿por qué el grupo mediático eligió esta estrategia?

Rechazo que especulara con confundir a los prestigiosos magistrados, o que confundiera a éstos con sus lectores – mucho menos preparados para discernir o desvincular estos dos conceptos. Tal vez, no pudieron salir de su lógica capitalista monopólica, donde la libertad también es una cuestión de peso económico, tiene un precio. Por eso aducen "un gravísimo e irreparable daño patrimonial y flagrante atropello a sus derechos de propiedad".  Este es el punto que particularmente agitan hoy, tanto Clarín como La Nación, advirtiendo que inversores extranjeros "estarían preocupados por el antecedente".

El Estado Nacional responde a este planteo con argumentos sólidos, aclarando que "el vínculo jurídico que une a un licenciatario con su licencia es de carácter administrativo y no se asemeja al derecho de propiedad, sino que se trata del otorgamiento temporal de un privilegio, sometido a estrictas condiciones, que en modo alguno puede generar un derecho adquirido a favor de quien lo detenta".

Por eso decimos que los recursos presentados en la audiencia pública por parte del multimedio fueron "muy elementales" y mostraron dificultades para no aparecer como un grupo monopólico que cuida sus intereses, mientras que el Estado sustenta sus restricciones en que los servicios prestados por éste, cumplen una función social en razón de ser gratuitos y universales, como también a los valores que debe promover.

El juez Lorenzeti claramente separa los tantos en su fallo al decir que: "sostener que existen relaciones jurídicas insusceptibles de modificación, implicaría sobreponer el interés privado de un particular por encima del interés de la comunidad, lo cual resulta inadmisible y contrario al texto constitucional (folio 63)".

Ahora bien, esta batalla judicial que se desató en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene en verdad otros alcances, que incluso la superan. Fue claramente una batalla política, una disputa del representante de los poderes fácticos de la Argentina con el gobierno democrático que se atrevió a cuestionar sus intereses en pos de la redistribución de la riqueza y de las voces. Una batalla que no es nueva. Estamos cumpliendo treinta años de democracia, y sabemos que Raúl Alfonsín había intentado una nueva ley de medios y poder plantarse frente a esos poderes.

Sin embargo fue en el gobierno de Cristina cuando se tomó la decisión firme de empoderarse, de no ser un mero representante. Por eso batalló en distintos frentes, logrando cada vez mayor apoyo de las distintas fuerzas sociales, que vieron reivindicadas políticas de igualdad y otorgamiento de derechos que se habían perdido en las décadas anteriores o que ni siquiera soñábamos tener.

Este fallo fortalece la década ganada, profundiza y le da calidad a la democracia. Sienta un precedente y jurisprudencia para el debate jurídico y político que se da en otros países del mundo. En el mundo está en debate la regulación de los medios de comunicación porque hay una tendencia a la concentración en pocas manos de los medios de comunicación y esto condiciona la agenda democrática. Porque termina habiendo un proceso de mediación entre el electorado y los partidos políticos; y esta condición de mediadores hace que tengan un lugar de supremacía y hegemonía en la sociedad. El grupo Clarín ha sido parte del contubernio golpista en Argentina, ha participado en el proceso de destrucción interna del aparato productivo. Esta ley es vital en el avance de la democracia. Los cuatro artículos que estaban en tela de juicio, deben darse en el proceso de adecuación de oficio que establece la ley. Porque el plazo para la adecuación voluntaria venció y Clarín frenaba ese proceso. Eso se terminó.

Lo que se vino en toda esta década es ordenar una Argentina que estaba destruida y plagada de monopolios en contra de la democracia. ¿Empezará una adecuación mediática antimonopólica global?

(*) Gastón Harispe es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires e integra el bloque del Frente Nuevo Encuentro

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