La debacle del transporte público se cobra vidas inocentes
El diputado nacional asegura que no existieron cambios sustanciales en la política ferroviaria desde los años '90 y cuestiona que la rescisión del contrato de TBA llegara recién después de la tragedia de Once.
Escribe Claudio Lozano (*)
Una vez mas, al igual que con la masacre de la estación de Once, la precariedad y la incertidumbre de la vida de los argentinos, se pone de manifiesto.
La debacle del transporte público se cobra víctimas inocentes que salen un día para no volver, en el marco de un Estado que ha renunciado a garantizar los más elementales servicios públicos. Como es de costumbre, los que rápidamente son cuestionados son los eslabones más débiles de la cadena. Los propios trabajadores que conducían las formaciones ferroviarias.
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Mientras tanto el régimen de concesiones y subsidios al capital privado sigue intacto. La reconstrucción del ferrocarril es una promesa siempre incumplida y las ganancias de los grupos empresarios se expresan en la destrucción de los servicios públicos y en la muerte de inocentes.
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El gobierno nacional que dice confrontar con la década del '90, mantiene en el plano del ferrocarril la política de los '90. Es indignante que la rescisión del contrato de TBA con Cirigliano se haya dado recién luego de la masacre de Once cuando desde la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) se efectuaron múltiples denuncias que obligaron a dicha recesión en los años 2009, 2010 y 2011.
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Y es más indignante todavía que cuando aún están frescos los recuerdos de esas muertes se haya persistido en el esquema de concesión de subsidios a otro Grupo similar (Roggio-Empa). Los muertos del jueves se dieron luego de que el Estado le transfirió a estos Grupos privados $1.707 millones durante el último año y endeudado dinero de todos los argentinos que cae en el agujero negro de la corrupción.
(*) Claudio Lozano es diputado nacional y referente de Unidad Popular en el ciudad de Buenos Aires
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