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La Ley de 'exteriorización' y su relación con el Lavado de Activos

La titular del Centro para Estudios de la Convergencia Ciudadana asegura que quienes critican la ley de exteriorización voluntaria de capitales lo hacen "desde la ignorancia conceptual".

La Ley de exteriorización y su relación con el Lavado de Activos
Escribe Paola Spátola (*)

Quien quiera que conozca un poco del tema sabe que ha existido desde siempre una discusión sobre qué sistemas de incriminación debe utilizarse a la hora de definir los delitos (precedentes) del delito de Lavado de activos, es decir, los delitos que dan origen a los bienes a "lavar". En ese contexto la inclusión de los delitos tributarios siempre ha sido problemática.

De hecho no todas las legislaciones lo incluyen como delito previo del delito de lavado de activos a los delitos fiscales. Incluso este ha sido el punto más controvertido de la última reforma a ley 25.246 en tanto instruía a la UIF para la investigación de este delito como delito previo de Lavado de Activos incluyéndolo en su competencia. Basta recordar la discusión de aquel entonces para observar claramente, la disputa que generó la cuestión entre los más prestigiosos juristas del país.
 
Entre las voces más autorizadas en materia tributaria de la República Argentina, el Profesor Vicente Díaz ha sostenido que incluir a los delitos tributarios como delitos previos constituye un  "evidente exceso" poniendo el acento en que,  a diferencia del dinero sucio (con origen en una actividad ilícita),  el dinero "negro" proviene de una actividad lícita que, luego, devendrá en ilícita cuando el responsable ante el fisco realice una maniobra tendiente a evitar que el Estado cobre lo que efectivamente corresponde en virtud del ejercicio de esa actividad lícita. Pero adicionalmente este dinero negro no está vinculado a delitos organizados transnacionales que es lo que, justamente, organismos como el FATF – GAFI buscan prevenir a través de la promoción de la estandarización de buenas prácticas de "debida diligencia" (soft law). En el mismo sentido se orientan las Convenciones de Viena y Palermo (hard law), de donde surge la obligación de tipificar como delito el lavado delitos, en tanto los delitos que describen como precedentes son delitos trasnacionales.

Esto ya permite poner en evidencia que existen una serie de confusiones acerca del alcance del proyecto de Ley de Exteriorización de Divisas que fuera enviado por la Presidenta de la Nación para su tratamiento por el Congreso Nacional.

En primer lugar, la Argentina no se convertirá en una jurisdicción en la que pueda libremente ingresarse divisas provenientes de cualquier sujeto, pues los únicos sujetos que podrán acceder a este régimen de amnistía serán los sujetos responsables de la ley 11.683 (la ley de procedimiento tributario). En segundo lugar, sólo se limita a los delitos contemplados en la ley penal tributaria, no incluyendo, como es obvio, los delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y, claramente, los delitos trasnacionales, que son el objeto central de las recomendaciones FATF – GAFI, a la vez que objeto central de las leyes argentinas sobre prevención del lavado de activos.

Estados soberanos como Estados Unidos y España han dictado normas similares, cuyo propósito se vincula, generalmente, a  generar políticas de reactivación económica en ciertos sectores productivos. Son herramientas normativas legítimas, absolutamente compatibles con las recomendaciones FATF – GAFI en materia de lavado de dinero proveniente de crímenes trasnacionales.

Quienes critican la nueva ley de exteriorización de divisas arguyendo que podría utilizarse para lavar dinero del crimen organizado (narcotráfico, terrorismo, etc.) o de la corrupción y que, en consecuencia, la normativa sería impugnada por violar las recomendaciones FATF – GAFI, critican desde la ignorancia conceptual: no entienden (o no quieren entender) la diferencia entre "dinero negro" y "dinero sucio" con relación a lo que debe ser delito previo del lavado de activos.

(*) Paola Spátola es experta en seguridad pública y titular del Centro para Estudios de la Convergencia Ciudadana.

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