El legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico se abstuvo de votar el proyecto de ley del macrismo para crear un régimen de protección de la libertad de prensa en la CIudad. Aquí explica su posición frente a la polémica iniciativa.
Escribe Adrián Camps (*)
El proyecto de ley aprobado el jueves pasado por la Legislatura forma parte de un posicionamiento político del macrismo frente al próximo proceso electoral, utilizando un tema tan sensible como la libertad de prensa. Por su parte, el kirchnerismo aprovechó la oportunidad para generar una falsa polarización en la Ciudad de Buenos Aires.
Hay artículos que resultaban imposibles de votar desde una concepción socialista. Por ejemplo, es el caso del artículo 20 que plantea la prohibición de declarar los bienes de los medios de comunicación "de utilidad pública", lo que impediría acudir en defensa de los trabajadores que vieran peligrar su trabajo cuando una empresa se funde por ineptitud o manejos económicos indebidos de sus propietarios.
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A su vez, según la ley, el Estado tampoco podría designar interventores o integrantes de los directorios para salvaguardar esas fuentes de trabajo.
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Resulta además preocupante la apelación a la "defensa de la seguridad nacional y la moral pública", que recuerda a las pasadas épocas de la dictadura militar. Por otro lado, en los artículos 24 y 25 sobresalen las restricciones que se proponen para que, tanto particulares como el Estado, puedan cobrarse deudas.
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Así, un trabajador injustamente despedido no podría accionar legalmente sobre las empresas que controlan medios de comunicación. Tampoco el Estado podría hacerlo en defensa del erario público.
Debe hacerse una mención especial a las limitaciones que establece el artículo 27 a la jurisdicción nacional sobre la Ciudad de Buenos Aires, negando la vigencia de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
En los artículos 30 y 31 del proyecto convertido en ley se prevé la creación de tribunales especiales y, hasta que se constituyan, se otorga competencia exclusiva para las cuestiones previstas en la ley al Tribuna Superior de Justicia, creando un régimen especial, privilegio que nadie goza en la Ciudad.
(*) Adrián Camps es legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur
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